Más del 75 % de los reclusos del pabellón donde tuvo lugar la masacre en la prisión Número 1 de Guayaquil el pasado 28 de septiembre carecían de una sentencia ejecutoriada y el 61,3 % de los asesinados tenía entre 20 y 30 años, afirmó este miércoles la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez.
Lo hizo en un conversatorio en el que dio a conocer la gestión que tiene por delante el Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social en el país que encabeza como delegada del presidente, Guillermo Lasso.
Ordóñez precisó que hasta la fecha, de los 118 presos fallecidos en el peor motín registrado en la historia reciente del país, se ha logrado identificar 106, y confirmó que las labores de reconocimiento de la docena restante están prolongándose dada la difícil situación en la que fueron encontrados los cuerpos.
PRESOS EN LIMBO JURÍDICO
”El 77 % de esas personas eran del pabellón 5, y el 24,5 % tenía una sentencia, es decir, más del 75 % no tenía una sentencia ejecutoriada que confirme o ratifique su culpabilidad o estado de inocencia”, refirió sobre el limbo jurídico en el que se encuentran los reclusos.
Según datos que ha cruzado la Secretaría que dirige con otros facilitados por el Ministerio de Gobierno se ha podido extraer que el 33 % de los muertos eran menores de 25 años y el 35% de los procesados lo fueron por delitos de robo y tráfico de drogas.
Y subrayó que las primeras aprehensiones en el país suelen darse a los 11 años por microtráfico y a los 15 por asesinatos y violencia extrema. Los delitos más comunes por los que los reos se encuentran recluidos en centros de rehabilitación social son en un 16,88 % por violencia hacia la mujer y el núcleo familiar, y en un 14,96 % por tráfico de sustancias ilícitas.
”Todos estos problemas tienen una raíz común que es la violencia, y el Estado no ha estado preparado con políticas integrales de prevención”, sostuvo Ordóñez al explicar la labor del eje social de trabajar en la prevención de este tipo de “violencia estructural”.