Con 75 votos afirmativos de 136 asambleístas presentes, el pleno de la Asamblea Nacional censuró y destituyó a Freddy Carrión de su cargo como titular de la Defensoría del Pueblo, por incumplimiento de funciones.
La sesión 726 instalada el 14 de septiembre se extendió por 16 horas y concluyó a las 00:30 con la destitución y censura de Freddy Carrión, por lo que no podrá ejercer funciones públicas por los siguientes dos años. De los 136 asambleístas presentes, Ronny Aleaga fue el único ausente.
La decisión se tomó con 75 votos afirmativos de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (ID), CREO y los asambleístas independientes. Los 47 negativos provinieron de la bancada correísta de UNES y 14 abstenciones de varios legisladores del movimiento Pachakutik (PK), quienes finalmente se dividieron y no hubo el voto orgánico, como anunció su jefe de bloque, Rafael Lucero, en horas de la mañana de ayer.
La moción la presentó la asambleísta interpelante Yeseña Guamaní, de la ID, en la que se planteó censurar y destituir a Carrión por incumplimiento de funciones con base en el artículo 131 de la Constitución.
El incumplimiento de funciones se argumentó basado en el artículo 83 numerales 1, 215 y 233 de la Constitución, y el artículo 3 y literales a, d y h de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.
La resolución dispone que el expediente se remita a la Fiscalía del Estado para que se investiguen presuntos delitos, que se desprendieron en esta interpelación.
A la Contraloría General del Estado para que audite el uso indebido de recursos públicos asignados a la exautoridad; y se recomienda al pleno de la legislatura iniciar un enjuiciamiento político al exministro de Salud Mauro Falconí.
Carrión fue trasladado desde la cárcel 4 de Quito hasta el edificio de la legislatura, en donde guarda prisión preventiva en las investigaciones por ser el presunto autor del delito de abuso sexual que se habría dado entre el 15 y 16 de mayo, que fue denunciado por la pareja del exministro Falconí.
El 15 de mayo, la exautoridad acudió al domicilio de Falconí en donde mantuvo una reunión privada, en la que se produjo un incidente matizado por el consumo de bebidas alcohólicas, cuando estaba en vigencia un estado de excepción por efectos del COVID-19, que impedía las reuniones sociales y el consumo de alcohol.
A raíz de este escándalo, los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik (PK), y Guamaní impulsaron el juicio político que fue sustanciado en la Comisión de Fiscalización, en cuyo informe se concluyó que esta cita no habría estado relacionada con sus funciones como defensor del Pueblo y utilizó recursos públicos como el vehículo institucional y la seguridad de la Policía Nacional.
Carrión tuvo tres horas para defenderse e inició asegurando que estaba ahí para “transparentar la verdad”. “Mi deseo es ser tratado con justicia”, dijo. Justificó su presencia en la casa de Falconí porque este último le había ofrecido información de presuntos hechos de corrupción relacionados con la vacunación vip contra el COVID-19, en el que estaría involucrada “la exvicepresidenta de la República María Alejandra Muñoz”. También, que había una persona cercana al expresidente de la República Lenín Moreno que manejaba el Servicio de Compras Públicas (Sercop).
Como ese había sido el ofrecimiento, ni siquiera llevó su chaqueta, pues no pretendía extender su visita.
Aprovechó este espacio para cuestionar el proceso penal que enfrenta en la justicia ordinaria y aseguró, por ejemplo, que los partes policiales “son forjados”. Que no ha incumplido funciones porque no ha “omitido” cumplir con su trabajo y enumeró acciones que realizó en la Defensoría, como haber promovido que en los municipios se designen vicealcaldesas para garantizar la equidad de género y la participación de las mujeres.
Acusó a los asambleístas de la Comisión de Fiscalización -que elaboró el informe que recomendó el enjuiciamiento político, la censura y destitución- de tener “doble moral”. Así, enfocó sus críticas en Guamaní, a quien la responsabilizó de querer sacarlo del cargo para en conjunto con el partido Izquierda Democrática “repartirse” los cargos en la Defensoría del Pueblo.
Reconoció que autorizó a su equipo de abogados a usar su firma electrónica para emitir una resolución con la que cesó a la defensora subrogante, Zaida Rovira, el pasado 17 de junio.
Carrión aseguró que el incidente de la noche del 15 de mayo fue “montado” porque es parte de una persecución política para “eliminarlo”, como una estrategia para “invalidar” el informe sobre las protestas de octubre del 2019 que elaboró una Comisión de la Verdad que promovió la Defensoría.
Cerró su intervención reprochando que el expresidente Lenín Moreno y sus exministros María Paula Romo y Oswaldo Jarrín están fuera del país, mientras él está preso.
Finalmente, luego de un largo debate de los asambleístas, la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, lo cerró y dispuso la votación, que terminó con la destitución y censura de Carrión.
La asambleísta Johanna Moreira (ID) planteó la reconsideración, que tensó el ambiente en el pleno legislativo, pues como en pocas ocasiones hubo más de 61 votos que estaban a favor de proceder con la reconsideración de lo votado. Sin embargo, se impusieron 70 legisladores por el No, con lo que se ratificó la actuación legislativa.
Esta resolución será enviada al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), organismo que deberá, según el artículo 15 de la Ley de la Defensoría del Pueblo, designar a una autoridad encargada mientras se realiza el concurso público para nominar al titular.