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Los viajeros ingresarán a Cuba con medicinas y comida

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El gobierno cubano anunció el miércoles el primer paquete de medidas para apaciguar a la población, entre ellas la libre importación de alimentos y medicinas, a tres días de las inéditas protestas que estallaron en la isla.

Los viajeros que lleguen a Cuba podrán ingresar comida, productos de aseo y medicamentos sin límites desde la próxima semana, según anunció el primer ministro, Manuel Marrero, en un momento de extrema escasez y malestar social que detonó una inédita ola de protestas en todo el país.

El anuncio llega después de una serie de protestas en diversas localidades del país, las mayores en seis décadas, en las que parte de los manifestantes expresaron su descontento con el Gobierno por la escasez de alimentos, productos de aseo y medicamentos, así como otros problemas como los cortes de luz o la falta de libertades.

Facilitar la entrada de bienes de primera necesidad era uno de los llamados de las multitudinarias protestas del 11 y 12 de julio en unas cuarenta ciudades de la isla, en una reciente carta abierta al gobierno, un grupo de artistas e intelectuales habían pedido justamente esa medida.

Las leyes cubanas permiten la importación no comercial de 10 kg de medicamentos, libre de impuestos, mientras que pone cantidades topes a alimentos y otros productos, por los que sí cobra impuestos. Desde el lunes se eliminarán todas esas restricciones en los puntos de entrada a Cuba excepto en los aeropuertos de Cayo Coco y Varadero, indicó el primer ministro y se mantendrá al menos hasta el 31 de diciembre, anunció el número dos del ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel.

Se prevé que el efecto de esta medida sea limitado, al menos a corto plazo, ya que debido a la pandemia los vuelos internacionales que operan desde Cuba se limitan a unos pocos a la semana, parte de ellos en la ruta La Habana-Madrid, y las conexiones con países del entorno como Estados Unidos, México y Panamá se encuentran reducidas al mínimo.

El primer ministro también anunció un programa provisional que beneficiaría a unas 300.000 personas que viven en la actualidad en lugares diferentes a donde están empadronados, y por lo tanto no tienen posibilidades de comprar la canasta básica subsidiada que vende el Estado a cada ciudadano.

 

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