Los derechos a la libertad de expresión, a la garantía y protección judicial, así como el principio de legalidad fueron vulnerados en el proceso penal seguido por Rafael Correa contra El Universo, sus directivos y su exeditor de Opinión, Emilio Palacio.
El Estado ecuatoriano admitió ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que la sentencia que fue hecha fuera de un juzgado.
La Procuraduría, sin embargo, no reconoce haber atentado contra el derecho al trabajo de cientos de empleados del medio de comunicación ni contra la propiedad privada de sus ejecutivos, como alegó la defensa de los querellantes durante dos días de audiencia realizada el 14 y 15 de junio, según el portal web de El Universo.
El Estado tampoco acepta que vulneró el derecho a la circulación y libre movilidad de Palacio, cuya representante dijo que su exilio en Miami es atribuido al Estado, algo que niegan los abogados del país.
El Estado admite que hace diez años, el aparato judicial favoreció de forma ilegítima y desproporcionada al entonces presidente Rafael Correa con una sentencia a su favor de $40 millones y una condena de 3 años de cárcel para sus demandados, pero le pide a la Corte IDH que, para efectos de cuantificar una reparación a las víctimas, solo se tenga en cuenta el periodo que duró el proceso, viciado de ilegalidades que los propios abogados del país han reconocido ante los jueces interamericanos.
“Los hechos ocurrieron entre el 21 de marzo de 2011, cuando se presentó la acusación particular, y el 28 de febrero de 2012, cuando se archivó la causa por efecto del perdón de la pena y la condonación de la indemnización”, dijo María Fernanda Álvarez, en representación del Estado.
“El Estado trata de limitar los efectos de la violación de derechos al año que duró el proceso penal, cuando los efectos se prolongan en el tiempo”, reaccionó Hernán Pérez Loose, quien participó en el proceso interamericano en defensa de los ahora querellantes.