El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, fue hallado en una reunión privada, en un domicilio privado, rodeado de otras familias que viven alrededor de ese domicilio obligadas a respetar el toque de queda y la ley seca decretadas por el Comité de Operaciones de Emergencia(COE) Nacional con el fin de mitigar la propagación del Covid-19 que ha golpeado a Pichincha más que a otras provincias del país. Esas personas llamaron a denunciar un escándalo público, en medio del encierro.
Y de pronto, quien debería dar una explicación sobre su conducta intenta convertirse en víctima, porque estaba en la casa de un amigo de mucho tiempo, el exministro de Salud, Mauro Falconí. El mismo ministro que antes de su salida del Gobierno, en un audio hecho público y nunca negado, aseguró que había contraído el Covid-19 y estaba en casa haciendo teletrabajo porque no sabía cuál era el stock de vacunas que había llegado al país.
Si el llamado defensor del Pueblo salía a reunirse con su amigo en toque de queda y ley seca, a sabiendas de que su amigo había contraído el Covid-19, ¿qué puede esperarse de los chicos que van a fiestas clandestinas, tal vez cansados del encierro y los toques de queda? Al menos ellos son sinceros y van a busca de diversión.
Ese, sin embargo, es un asunto menor en todo el escándalo que envuelve al defensor del Pueblo. Un asunto minúsculo que habla muy mal de la ética con la que procede una autoridad pública llamada a hacer respetar las medidas de bioseguridad dispuestas por los organismos de control. ¿El círculo cercano al defensor del Pueblo ya fue puesto en cuarentena?
Es el mismo defensor del Pueblo que denunció crímenes de lesa humanidad por la protestas en octubre de 2019, legítimas unas cuestionadas otras. Y luego intentó victimizarse, con denuncias de amenazas contra su vida.
Muchos cuestionan que los incidentes ocurridos en ese departamento son parte de la vida privada de un funcionario público. ¿El escándalo y la agresión pueden considerarse privados? Sin ir más lejos al tema del estado excepción vigente todavía durante el fin de semana.
La institución de la Defensoría del Pueblo, sin duda, es necesaria, porque es la llamada a trabajar por la vigencia de los derechos humanos, desde la institucionalidad de un país. Eso no significa que sus autoridades puedan actuar impunemente en situaciones tan graves como las que atraviesa el Ecuador por la pandemia: irse de copas con los amigos mientras el resto del país pasa en confinamiento.
Y menos aún dejar hasta la más ligera sospecha de que los defensores de derechos puedan intentar ser defensores de la equidad de género y al mismo tiempo ser agresores. Eso no solo es imperdonable, sino intolerable.