La Corte Suprema de Venezuela otorgó $13 millones al alto funcionario del partido socialista Diosdado Cabello en un caso de difamación contra un periódico, pero el abogado del periódico dijo el sábado que el medio no podía pagar.
Cabello, el segundo funcionario de más alto rango en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) después del presidente Nicolás Maduro, demandó al periódico El Nacional en 2015 después de que reimprimió un artículo en un periódico español que afirmaba que funcionarios estadounidenses estaban investigando a Cabello por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) dictaminó el viernes que El Nacional debe pagar daños a Cabello por valor de 237.000 petros, una moneda digital lanzada por Maduro en 2018 vinculada al precio del petróleo. El valor actual del petro es de 56 dólares, según el banco central de Venezuela.
La sentencia también ordena remitir el caso a un tribunal civil de Caracas para que haga cumplir con el fallo.
Este tribunal deberá notificar a las partes y proceder a la ejecución del fallo, fijando un lapso para el pago voluntario de la indemnización. Si no se cumpliera, este juzgado podrá decretar la ejecución forzosa del fallo atendiendo a las leyes venezolanas.
En junio de 2018, el entonces miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Pedro Carreño informó que un tribunal de Caracas falló a favor de Cabello y ordenó a El Nacional pagar 1.000.000.000 bolívares -unos 12.500 dólares a la tasa de cambio de la fecha- como indemnización.
Entonces, Carreño aseveró que si el pago de la indemnización no se hacía efectivo, Cabello procedería a hacer una medida de aseguramiento de las instalaciones del medio.
El número dos del chavismo ironizó sobre la posible expropiación del medio de comunicación en redes sociales, a través de la cuenta de su programa de televisión transmitido por el canal del Estado venezolano, VTV, Con el Mazo Dando, al publicar una foto de la sede de El Nacional, pero en vez de nombre del diario se lee la palabra “El Mazo”, acompañado del comentario, “le vendría bien una pinturita roja”.
El Nacional reaccionó calificando el fallo como una persecución política y alertando que Cabello tiene la “intención de perpetrar una expropiación encubierta mediante la cual pasaría a ser propietario y editor de este histórico medio de comunicación”.
Cabello también interpuso demandas contra los accionistas, directores, consejo editorial y dueños del periódico digital La Patilla y el semanario Tal Cual, luego de que estos medios se hicieran eco, al igual que El Nacional, de la información publicada por ABC.
En junio de 2019, el TSJ chavista falló a favor de Cabello y condenó a La Patilla a pagarle más de $5 millones. En diciembre de ese mismo año, Cabello arremetió contra El Nacional. Aseguró que sería dueño del periódico y que convertiría la sede en una universidad de la comunicación.
“El Nacional tiene un edificio sede extraordinario para una universidad. Apenas tenga la sentencia, me dicen dónde firmar para entregar el edificio para la Universidad Internacional de la Comunicación que anunció nuestro presidente Nicolás Maduro”, dijo el dirigente chavista.
Juan Garanton, abogado de El Nacional, dijo en una entrevista telefónica con Reuters que el periódico le pediría a la corte que aclare cómo llegó a esa cifra, un primer paso para pedirle a la corte que reduzca la cantidad. “Es una cantidad astronómica”, dijo Garanton.
El Nacional es propiedad parcial del destacado periodista venezolano Miguel Henrique Otero y otros familiares de su difunto padre, Miguel Otero Silva, uno de los escritores más célebres de Venezuela.
Los opositores al gobierno de Maduro lo acusan de utilizar el sistema de justicia para silenciar a sus críticos, incluso en los medios de comunicación. La sección de Caracas del Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela calificó el sábado el fallo como “un paso más hacia la liquidación de la libertad de expresión en Venezuela”.
Los funcionarios del gobierno acusan con frecuencia a los medios de comunicación independientes de publicar información falsa como parte de una campaña respaldada por la oposición y los Estados Unidos para desestabilizar al gobierno.