La expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, fue detenida el sábado en la madrugada en un operativo encabezado por el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, bajo acusaciones de sedición, terrorismo y conspiración en el marco de una escalada de hostilidades entre el Gobierno de Luis Arce y la oposición.
Áñez asumió el poder a fines de 2019 después de la crisis desatada tras las controvertidas elecciones del 20 de octubre que llevó a la dimisión de Evo Morales, Esa renuncia se produjo en medio de violentas protestas y acusaciones de fraude y después de que el comandante de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general Williams Kaliman, sugiriera al mandatario que diera un paso al lado para desbloquear la crisis política.
Morales, quien pretendía quedarse en el poder por cuarta vez consecutiva, pese a que la Constitución del país solo permite dos mandatos seguidos, se consideró un perseguido político y primero fue a refugiarse en México y después en Argentina desde donde dirigió constantes ataques contra el Gobierno interino.
“La persecución política ha comenzado. El MAS (Movimiento Al Socialismo) ha decidido volver a los estilos de la dictadura”, escribió en su cuenta de Twitter Añez antes de que se produjera su arresto al que calificó como un intento de amedrentamiento político.
Si bien el Gobierno de Arce defiende la decisión judicial, el expresidente Morales, quien nunca se quedó en Bolivia a enfrentar los juicios entablados en su contra, por el fraude electoral denunciado, pidió sanciones contra quienes supuestamente saquearon la economía y atentaron contra la vida y la democracia en Bolivia.
Es la forma más sencilla de lavarse las manos sobre una crisis institucional provocada por él que tenía el control de todas las instituciones del Estado, incluido el electoral. Si el Gobierno de Luis Arce intenta sentenciar a los exfuncionarios de un Gobierno interino debería hacer lo mismo contra todos quienes se movilizaron en las calles para reclamar su salida del poder, un poder que se negaba a abandonar violando la Constitución boliviana.
Lo que podría considerarse una victoria en la sed de venganza de Evo Morales no es más que la constatación de que en Bolivia nunca hubo una reinstitucionalización de los poderes del Estado, con una justicia sometida al poder de turno. Y queda claro que cuando la justicia actúa contra los defensores del llamados socialismo del siglo XXI es persecución política, pero cuando es contra sus opositores es justicia.
Luis Arce también se hace un flaco favor porque la decisión judicial y las órdenes de detención dan a entender que quien gobierna no es él, sino quien orquestó su llegada al poder organizando a sus bases para estar en constante movilización contra el Gobierno interino de Añez.