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Rasquiña y la masacre en las cárceles

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La Policía confirmó que hasta las 15:00 del martes 23 de febrero 68 internos murieron durante los violentos enfrentamientos en las cárceles de Guayaquil, Cotopaxi y Azuay. Algunos fueron decapitados, según los primeros informes. Solo en el Centro de Privación de Libertad de Turi, en Cuenca, se reportó la muerte de 30 presos, veinte de ellos decapitados.

En la de Guayaquil fallecieron 22 presos, mientras otros seis quedaron heridos. Un agente del Grupo de Intervención y Rescate también resultó con heridas. Según las autoridades, fue una acción concertada de bandas criminales que actúan en el interior y exterior de las prisiones.

Patricio Carrillo, comandante de la Policía, informó que la institución está multiplicada para atender el orden público por las marchas, la protección de los establecimientos electorales y colaborando en las cárceles ante los amotinamientos generalizados. “La situación es crítica”, escribió en su cuenta de Twitter..

Los informes preliminares de la Policía, citados por diario El Universo, aseguraban que en el Centro de Privación de Libertad Masculino Guayas varias personas privadas de libertad de las alas siete y ocho, lideradas por alias Cena y Nike, y de las alas nueve y diez lideradas, por alias Care Papa y Tomy, pertenecientes a la organización delictiva Los Choneros, pretenderían intentar contra la integridad de alias Cuyuyui, perteneciente a la misma organización delictiva.

En Turi, según la Fiscalía, se registraron internos fallecidos y heridos, algunos asesinados de forma brutal para crear miedo, pánico y zozobra. En juego está la pugna de poder por asumir el control de las actividades de los negocios del narcotráfico en las calles entre bandas criminales.

El origen de todo esto es el asesinato con siete disparos en una cafetería del centro comercial Mall del Pacífico, en Manta, de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, el líder de la banda narcodelictiva Los Choneros, quien llevaba apenas seis meses en libertad.

El control de las cárceles está en manos del Estado. Si bien la pelea se da en las afueras de las prisiones, eso repercute en el interior de los centros penitenciarios, donde la lucha por el control es mucho más violenta. Las autoridades están en la obligación de actuar de forma inmediata y drástica.

Son asesinatos, crímenes con violencia que recuerdan las peores épocas del narcotráfico en Colombia o la guerra de pandillas en Brasil, también por el control del tráfico de drogas. Se necesita una acción más firme para poner en orden los centros de rehabilitación del país. No podemos dejar a la buena de Dios lo que ocurre en las cárceles, porque eso nos empobrece como sociedad y como humanidad.

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