Sin duda, llegó tarde. Muy tarde. Se pudo haber ido cuando comenzó su cuestionamiento por haber acudido a un centro hospitalario geriátrico para un aparente proceso normal de vacunación contra el Covid-19 con las primeras vacuna de Pfizer. No solo fue políticamente incorrecto, sino una decisión de mal gusto. Ahí estaba su mamá. La administración pública no puede estar sometida a preferencias familiares.
Lo que hizo con una mano la borró con la otra. Sin duda fue uno de los funcionarios más eficientes cuando comenzó la pandemia, porque se puso en primero línea al recorrer los centros hospitalarios y no dudar en denunciar la corrupción en las compras con sobreprecios en los insumos médicos.
El aceptar haber dado privilegios a la hora de la vacunación, ya sea periodistas o familiares, desdice mucho de lo que debería ser una autoridad pública.
Ninguna persona debería tener privilegios en una democracia. Los funcionarios públicos están para el servicio público, no para servirse de los ciudadanos o dar privilegios a un determinado grupo en tiempos tan complejos. El país tiene muchos ancianos y más en situación vulnerable.
Temas tan delicados como el de la pandemia donde toda la población, desde niños y ancianos están en riesgo, no pueden ser tomados a la ligera. Ni siquiera merece la insinuación de si tal vez fue un error político. Los errores son errores y quien los comete por decencia debe asumirlos. No disfrazarlos.