Antes del asalto al Capitolio, Donald Trump habló durante poco más de una hora ante miles de simpatizantes que se congregaron en el Monumento a Washington y enumeró casos de supuestos fraudes electorales en varios estados en la elección del pasado 3 de noviembre. Y también arremetió contra los republicanos patéticos y débiles que no apoyaban su exigencia de detener la certificación de votos que se llevaría a cabo momentos después en el Congreso.
“Increíble por lo que tenemos que pasar, y tener que hacer que tu gente luche. Si ellos no luchan, tenemos que eliminar a los que no luchan. Caminaremos hasta el Capitolio y vitorearemos a nuestros valientes senadores y congresistas -dijo antes de volver a la Casa Blanca-. Caminaremos y estaré allí con ustedes”.
Ese, en pocas palabras, fue el detonante de lo que sería el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un capítulo que está pasando al olvido por la polémica generada luego de que la red social Twitter decidiera cerrar la cuenta de Donald Trump definitivamente.
El debate se extendió largamente en Francia, luego de que el secretario de Estado francés para asuntos digitales, Cédric O, argumentara, en su cuenta de Twitter, que si bien se puede justificar el cierre de esa cuenta como una suerte de profilaxis de emergencia, el hecho plantea cuestiones fundamentales sobre la regulación del debate público.
Cédric O hablaba desde un punto de vista democrático, ¿esas redes sociales que juntan a miles de millones de ciudadanos, que usan sus datos, tienen derecho a limitar el debate público? ¿Cuáles serían las formas correctas de supervisión democrática? En el otro lado de la mesa se ubicó la izquierda radical y la extrema derecha?
Según Jean-Luc Mélenchon, del ala de la izquierda radical, el comportamiento de Trump no puede servir de pretexto para que las GAFA, acrónimo usado para identificar a las cuatro grandes tecnológicas: Google, Amazon, Facebook y Apple, se arroguen el poder de controlar el debate público. Mientras Marine Le Pen, representante de la extrema derecha, el veto de Twitter es un acto de fuerza de los grandes grupos privados que consideran que tienen más poder que un Estado.
Las grandes tecnológicas ya estaban en la mira de los Estados Unidos, no solo de los republicanos, sino también de los demócratas. Facebook por comprar y copiar a sus rivales, además de difundir noticias falsas; Amazon por acaparar las ventas por internet y usar altavoces espía; Google por colar sus propios anuncios en el motor de búsqueda; Apple por ser un monopolio, y ahora Twitter.
¿Quiénes deben regular el debate público?, parece ser la gran pregunta de moda. ¿Los gobiernos o las grandes tecnológicas que tienen millones de datos de sus usuarios y han creado un nuevo modelo de negocio? Para la izquierda radical y la extrema derecha la regulación debe partir de los gobiernos. Ergo, leyes como las de Comunicación con las que se intentó asfixiar a la prensa en Ecuador y se mata a la prensa en Venezuela pueden ser justificables.
La respuesta es bastante sencilla, está en las leyes y para eso se necesita una normativa clara, no tergiversada por los gobiernos de turno. Una democracia se orienta por las leyes y no por los abusos de los gobiernos o las grandes empresas. Cuando en octubre de 2019 hubo el asalto al recinto de la Asamblea ecuatoriana fueron las leyes las que actuaron y los protagonistas tras bambalinas de ese intento de desestabilización se victimizaron como perseguidos políticos.
El debate está en otro lado. Si la Cámara de Representantes logra la destitución de Trump por su bochornosa actuación en el asalto al Capitolio habrá actuado en justicia. Y si Trump es sancionado por esos actos, los jueces lo determinarán. Para eso está la justicia. Pero ese no es el debate, porque en juego está la libertad de expresión.
Los extremismos solo alcanzarían para justificar lo que Rafael Correa hizo con los medios de comunicación no alineados con su discurso en Ecuador, lincharlos cada sábado y ahora vomitar su odio por Twitter ante el silencio de Twitter, y lo que Nicolás Maduro vuelve a hacer con los medios de comunicación en Venezuela, cerrarlos o llevarlos a juicios.