Hoy en día, la tecnología es uno de los sectores más poderosos que define la economía global, maneja los cambios y establece tendencias.
A pesar de la desaceleración de la fabricación en China y los aranceles que presionan los márgenes de ganancia, la influencia de la tecnología en la economía global continuó creciendo con un récord de 161 compañías en la lista Global 2000 de Forbes, que mide las empresas públicas más grandes del mundo.
Mientras que otras industrias atraviesan la peor parte de la crisis como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el nuevo coronavirus, otras corporaciones tecnológicas emergen de la interrupción y están volviendo a su punto máximo.
El top 10 de las tecnológicas más grandes lo conforman: Apple Inc., Microsoft, Amazon Inc., Alphabet Inc., Facebook, Alibaba Group, Tencet, TSMC, Samsung y AT&T.
Sin embargo, en los Estados Unidos, Apple, Amazon, Facebook y Google son acusadas de seguir prácticas monopolísticas y dinamitar la competencia en el sector. No es desconocido que las autoridades del mundo intenten poner límites al poder y la posición de estas grandes empresas tecnológicas, por el dominio que han alcanzado. Incluso China publicó normas encaminadas a frenar prácticas abusivas de sus gigantes tecnológicos y se sumó así a los esfuerzos reguladores de distintos países. Mientras más poder de mercado tenga… más desleal podría ser su comportamiento.
Pero, ¿cómo frenar el poder de las grandes empresas tecnológicas?, las grandes potencias, y en concreto los Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y los países de la Unión Europea supervisan y controlan el nivel de poder de mercado que tengan o que puedan llegar a tener las grandes empresas. Para esto tienen entidades públicas, que pueden ser los Departamentos de Justicia, los Departamentos de Control de Mercado o Departamentos de Control de Monopolio de Mercado.
Estas entidades analizan el comportamiento del mercado en lo concerniente a los productos/servicios que ofrecen las grandes empresas de tecnología, de forma concreta se revisan los siguientes factores:
- Si existen alternativas suficientes para el consumidor.
- Si las grandes empresas afectan o imposibilitan la existencia o surgimiento de nuevos competidores.
- Si las grandes empresas afectan o dificultan la innovación en aquellos segmentos donde tienen mucha influencia.
- Si las grandes empresas afectan o pretenden controlar la interacción y/o conexión y/o compatibilidad entre sus productos y otros productos/servicios de terceros.
- Si las grandes empresas controlan/determinan el nivel de precios dentro de sus mercados de influencia y si existe algún tipo de acuerdo/confabulación entre ellos.
Las entidades conforman equipos de alto nivel profesional e intelectual en los campos tecnológico, de negocios y legal, para analizar los puntos mencionados. Se asignan presupuestos, que permiten armar los mejores equipos y enfrentar en el campo de lo legal y de la arena pública a los equipos técnico/legales de las empresas infractoras (o potencialmente infractoras). De igual forma se constituyen expertos, de lado y lado, para influenciar en los medios de comunicación, en la opinión pública y en las esferas político-legales.
En nuestro país es muy poco lo que se ha hecho y lo que se puede hacer por dos motivos principalmente:
- Nuestro mercado es muy pequeño en términos económicos.
- El estado no tiene legislación avanzada en este campo, ni el presupuesto ni los equipos técnico-legales como para hacer algo significativo.
Pese a ello, se requiere una mezcla de acciones para regular a los gigantes tecnológicos:
- Un consumidor/mercado con conocimiento y educación de sus opciones y derechos.
- Un ecosistema empresarial que tenga los incentivos legales, tributarios y económicos para que exista innovación, competencia y sentido de sociedad/colectividad.
- Un sistema legal avanzado, que contemple las realidades tecnológicas, económicas y sociales del siglo 21.
- Entidades reguladoras ágiles, livianas (en costo para el erario público) y con verdadero poder de regulación, y con funcionarios que no dependan del brazo del poder ejecutivo de turno.
Una decisión drástica será que las grandes compañías se vean obligadas a dividir su negocio y reducir su tamaño para cumplir con las leyes antimonopolio, pero en general las multas fuertes (multas de cientos o de miles de millones de dólares) también pueden funcionar para lograr reducir el poder de los infractores y cambiar/modificar su comportamiento.
Si los gobiernos tienen la voluntad política, sumado a una adecuada educación de los consumidores, se podría controlar a estas compañías. También dependerá de la capacidad del estado para posicionar el mensaje, la legalidad y la conveniencia para la sociedad de su gestión de control. La batalla debe ser ganada primero en la arena de la opinión pública y luego en las cortes.