El conflicto de competencias entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de lo Contencioso Electoral (TCE) está ahora en manos de la Corte Constitucional, luego de que los consejeros del primer organismo presentarán una demanda para dirimir sus atribuciones en la organización de las elecciones nacionales de febrero del 2021.
El TCE había ordenado al CNE adoptar medidas de reparación integral a favor del movimiento Justicia Social, para que se le habiliten plazos nuevos para que realice democracia interna y elija candidatos, los inscriba y se los califique para participar en los comicios.
El CNE resolvió que los plazos para realizar estas actividades precluyeron y demandó al Tribunal respeto a sus competencias administrativas para organizar las elecciones. La presidenta del Consejo, Diana Atamaint, dijo que la consulta a la Corte Constitucional fue enviada este 22 de diciembre, en donde se hace una explicación amplia (del por qué de la demanda).
Por no dar paso a su sentencia de medidas de reparación integral, el TCE tramitó una denuncia por infracción electoral en contra de los consejeros Enrique Pita, José Cabrera, Diana Atamaint y Luis Verdesoto, quienes aprobaron la resolución mencionada fechada el 14 de diciembre. La consejera Esthela Acero se abstuvo y no fue denunciada.
El pedido de sanción la presentó Jimmi Salazar, director nacional de Justicia Social, que pide la destitución de los cuatro vocales, pérdida de derechos políticos y una multa de 70 salarios básicos. La causa la tramita la jueza Patricia Guaicha, después de que se recusó al juez Ángel Torres, quien en un inicio convocó a una audiencia oral a las autoridades y denunciantes, para el próximo 26 de diciembre.
En tanto, las organizaciones políticas pidieron seguridad jurídica y garantías para el desarrollo de las elecciones generales del 2021.