Alberto Fujimori y su deseo de eternizarse en el poder ha sido uno de los peores males que ha enfrentado Perú, al margen del terrorismo de Senderó Luminoso. El fujimorismo se ha convertido en el principal saboteador de la estabilidad de la democracia, junto con los sobornos de Odebrecht en el que han estado involucrados la mayoría de expresidentes de las tres últimas décadas, que han terminado en prisión o arresto domiciliario debido a las acusaciones de corrupción. Y hasta en suicidio, el de Alan García en cuyo primer mandato dejó en la quiebra a Perú y fue el terreno fértil para la asunción y formación de una dictadura como la de Fujimori.
Perú ha vivido seis días de intensas protestas, tras la destitución de Martín Vizcarra por parte del Congreso, alegando su incapacidad moral para gobernar, y la posesión de Manuel Merino, con cero legitimidad, cuya renuncia se veía venir y se concretó el domingo, después de dos muertes y casi un centenar de heridos en la protestas en su contra. El mismo Congreso que lo posesionó, pidió su destitución.
Vizcarra fue acusado de recibir sobornos, cuando fue gobernador de una región del sur del país hace siete años, por $640 mil de dos empresas que ganaron la licitación de obras públicas, algo que ha negado. Y también era investigado sobre su vínculo con la contratación irregular de un cantante poco conocido como asesor motivacional, escándalo que desató el primer intento para su expulsión.
Vizcarra había sustituido en el cargo de Pedro Pablo Kuczynski que ganó una dura batalla electoral a Keiko Fujimori. Si de algo están seguros los peruanos es todo el mal que dejó sembrado en ese país el fujimorismo. Pero los dos años de su mandato se descubrieron contratos a favor de Odebrecht para construir una carretera y una obra de riego cuando era ministro del expresidente Alejandro Toledo.
Kuczynski negó inicialmente tener algún vínculo con el grupo brasileño, pero terminó por reconocer que su consultora asesoró a Odebrecht en el financiamiento de proyectos que había ganado mientras era ministro. Ahora está bajo arresto domiciliario.
Kuczynski sucedió en el cargo de Ollanta Humala, un militar retirado investigado por presuntamente recibir $3 millones de Odebrecht para la campaña electoral presidencial del 2011. Según la fiscalía, parte de los fondos ingresó a su partido y otra parte se usó para elevar el patrimonio de Humala y de su esposa Nadine Heredia. Humala estuvo nueve meses en prisión preventiva y los fiscales pidieron 20 años de prisión. Y ya planea postular a las elecciones presidenciales del 2021.
Humala sucedió en el cargo a Alan García que se suicidó en abril del 2019 con un disparo en la cabeza cuando la policía llegó a arrestarlo para investigarlo por un esquema de sobornos de Odebrecht. Sus bienes se encuentran inhibidos y embargados. Durante su primer gobierno, Perú soportó una de las peores hiperinflaciones.
Humala sucedió en el cargo a Alejandro Toledo en libertad bajo fianza en Estados Unidos mientras enfrenta un proceso de extradición a Perú donde es acusado de recibir sobornos por $20 millones de Odebrecht durante su mandato. Estuvo arrestado casi ocho meses en una prisión de California.
Toledo sucedió en el cargo a Valentín Paniagua, que estuvo un año en el poder para liderar la transición de la década del fujimorismo en el poder, de un Alberto Fujimori que envió por fax su renuncia desde Japón, tras estallar el considerado mayor escándalo de corrupción en la historia del país sudamericano. Ahora cumple una condena de 25 años de prisión por ser autor intelectual del asesinato de 25 personas, entre ellas un menor, por parte de un grupo militar y policial que actuaba bajo la sombra en la lucha contra Sendero Luminoso.
Fujimori, que también ha sido condenado por corrupción, fue indultado por el exmandatario Kuczynski en la Navidad del 2018, pero este beneficio fue anulado a inicios del año pasado durante el periodo de gobierno del ahora destituido Vizcarra.
El fujimorismo siempre ha actuado en la sombra con la idea fija de volver al poder, sin importar cómo, con el cuento de la supuesta bonanza económica conseguida a costa de sobornos y manejar todas las instituciones del Estado, muy parecido al modelo que instauró el correísmo durante su década en el poder. Y muy parecidas las tácticas para intentar envolver a los países en una eterna convulsión con propagandas plagadas de fake news.