La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que prefiere no adelantar criterio con respecto a la votación que existiría en su contra en el juicio político planteado por tres asambleítas, pero coincidió con el Presidente Lenín Moreno en que acatará lo que diga la Constitución, pues la decisión que tome la Asamblea en estos casos no es opcional.
“No hemos desafiado nunca la decisión que tome una Corte, no hemos enfrentado nunca a la decisión de una autoridad que actúe en el ámbito de sus competencias. Así que, la línea del Gobierno seguirá siendo la misma, respetar la decisión que tome cada órgano en el marco de sus competencias”, dijo después de la entrega de la donación de Francia de canes amaestrados para fortalecer el trabajo de la Dirección Antinarcóticos.
El próximo martes 24 de noviembre será convocado el pleno de la Asamblea Nacional para tramitar el juicio político en contra de la ministra Romo, acusada de incumplimiento de funciones al permitir el uso de bombas lacrimógenas caducadas durante el paro nacional de octubre de 2019.
César Litardo, presidente de la Asamblea, dijo que la sesión será virtual y no habrá límite en el debate de asambleístas. El asambleísta Fernando Callejas (CREO) señaló que es débil la causal de censura por el uso de bombas caducadas en una manifestación violenta y dijo que frente a los hechos, la ministra actuó correctamente.
Romo también se refirió a un sistema de vigilancia que se habría montado con equipos de la Secretaría de Inteligencia del expresidente Rafael Correa y señaló que existen antecedentes y procesos judiciales abiertos por el manejo de los aparatos de inteligencia en el anterior gobierno, un exsecretario sentenciado y un expresidente procesado por el uso ilegal de los aparatos que se enfocaban al espionaje.
“A mi no me sorprende que quienes estaban dedicados a esas actividades no las hayan abandonado, probablemente son mañas con las que se han quedado y la administración de justicia la que deberá investigar (…), los allanamientos se hacen con la orden de un juez (…). Si alguien sigue violando la intimidad o las comunicaciones de los ciudadanos debe ser investigado y sancionado por la justicia”, dijo.