La flota pesquera china que ha navegado en meses recientes frente a las Islas Galápagos de Ecuador realizó pesca ilegal con redes de arrastre en aguas territoriales del país, según un informe reciente, lo que ha motivado la búsqueda de nuevas soluciones regionales para combatir esta actividad criminal.
El 16 de julio, la Marina ecuatoriana emitió una alerta en la que declaraba que una flota pesquera extranjera, de unos 260 barcos, se había estacionado justo frente a la zona económica exclusiva (ZEE) alrededor de Islas Galápagos y que había personal naval preparado para interceptar cualquier nave que ingresara ilegalmente.
A finales de julio, la flota había crecido a más de 342 naves, la gran mayoría de bandera o de propiedad china. Conformada en su mayor parte por arrastreros, prohibidos en aguas chinas, la flota evadió el límite de la ZEE usando luces altas y máquinas de pesca vertical industrial para atrapar, mediante mecanismos legales, enormes cantidades de peces en una racha de pesca colectiva de 73.000 horas a lo largo de un mes en las inmediaciones de una de las zonas marítimas más biodiversas del mundo.
El 25 de julio, la cancillería ecuatoriana recibió del presidente Lenín Moreno la orden de informar a China que haría ejercer sus derechos marítimos. En agosto, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, reveló que cerca de la mitad de la flota china había apagado sus sistemas de rastreo e identificación, una táctica conocida como “evasión de radares marinos”, común en la pesca ilegal.
Una nueva investigación de la firma de análisis HawkEye 360 confirmó dos problemas importantes. En primer lugar, docenas de embarcaciones chinas, muchas con antecedentes de pesca ilegal, desaparecieron del radar hasta por 17 días al tiempo, lo cual es ilegal si se hace intencionalmente. En segundo lugar, en el mismo periodo, barcos de incógnito no identificados fueron vistos dentro de la ZEE ecuatoriana en múltiples ocasiones, inclusive algunos directamente al lado de la flota china.
La pesca ilegal constituye la sexta economía criminal más lucrativa a escala global, con ingresos estimados de $15 a $36 mil millones, según un informe de 2017 realizado por Global Financial Integrity, citado por Infobae. La flota pesquera china, con cerca de 17.000 barcos, de lejos la más grande del mundo, es protagonista de este problema, y China aparece como el país con la peor calificación en pesca ilegal en un informe de Global Initiative de 2019.
Aunque era un problema de larga data, la flota pesquera china se convirtió en una preocupación particular después de 2016. Desde entonces, ha motivado serias alertas anuales en Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Solo en Chile, la pesca ilegal representa un costo estimado anual de $300 millones para el país, según un nuevo informe de AthenaLab.
En Ecuador, las preocupaciones ambientales se han hecho inminentes después de 2017, tras el caso del Fu Yuan Yu Leng 999, embarcación interceptada dentro de la Reserva Marina de Galápagos, protegida por la UNESCO, con más de 300 toneladas de tiburones a bordo, entre los que se contaban peces martillo, una especie en vía de extinción.
Este año, según ambos informes y un mapa de dominio público, elaborado por Global Fishing Watch, parte de la flota china permaneció al este de las Galápagos entre enero y abril, mientras que la otra parte se trasladó hacia aguas argentinas. Para el mes de mayo, las dos partes se habían reunido frente al sur de Perú, para luego trasladarse entre la ZEE de Galápagos y las aguas de la ZEE de Ecuador continental de mayo a septiembre, lo que provocó las protestas internacionales mencionadas.
Desde entonces, la flota se ha desplazado hacia el sur, y la mayor parte se encuentra estacionada actualmente en aguas al sur de Perú, donde sus barcos continúan pescando.
Si los años anteriores sientan un precedente, en los próximos meses la mayoría de las naves tomarán rumbo a Argentina, para luego hacer el mismo viaje de regreso el próximo año. La práctica de “trasbordo” —transferir combustible, provisiones, tripulación o peces de un barco a otro— permite a la flota mantenerse en el mar durante periodos indefinidos, aunque esta práctica puede además plantear una manera conveniente de legalizar el pescado captado ilegalmente, según Infobae.