Las denuncias realizadas por el director del ECU-911 dicen mucho de la irresponsabilidad de cierta parte de la ciudadanía frente a temas sensibles para la seguridad de las personas. Solo en los seis meses de vigencia del estado de excepción hubo cerca de 1,5 millones de llamadas a la central de emergencias para hacer mofa o burlarse, desde 790.655 líneas telefónicas.
Las llamadas falsas a los sistemas de emergencia están relacionadas con marcaciones accidentales o involuntarias, llamadas sin interlocutor o ruidos de fondo que no se relacionen con una situación de emergencia y llamadas mal intencionadas para insultar, hacer burlas o mofa, agredir, acosar sexual sexualmente…
Según la central de emergencias, el uso indebido de la línea única para emergencias causa encolamiento de llamadas, entorpece la atención de incidentes reales, desperdicia logística y tiempo para la asistencia, no permite que las unidades se movilicen de forma oportuna e imposibilita la total disponibilidad de los recursos de socorro.
Son situaciones que desvían la atención sobre las verdaderas emergencias, como violencia de género, violencia intrafamiliar, asaltos, robos en domicilios, atención urgente en accidentes…
Una persona, según los audios presentados por el ECU-911, utilizó más de 1.200 veces la línea de emergencia para solicitar un taxi, reírse y hasta ordenar pizza. Estos aparentes chistes le han significado al Fisco una pérdida de $3,8 millones, porque el costo promedio de una llamada falsa con un minuto con 50 segundos de duración equivaldría a una perdida de $2,56.
Las llamadas de auxilio falsas pudieron colapsar los sistemas de emergencia en momentos críticos. De ahí que ahora se planteó una normativa para sancionar a los autores con la intervención del Ministerio de Telecomunicaciones que tiene montada una plataforma para detectar su origen.
La primera vez se sancionará con $100; en la segunda ocasión la multa ascenderá a $400, por la reincidencia; la tercera vez, la multa será de $100 ( considerada como segunda infracción); la cuarta vez se cobrarán $400 (por la segunda reincidencia). Y dos infracciones y dos reincidencias equivaldrá a una multa de $1.000.
Con este sistema, al ciudadano que, desde Quito, realizó 1.236 llamadas falsas, un promedio de 20 diarias, le correspondería pagar una multa de $309 mil. La normativa busca hacer entender a la ciudadanía que la línea de los sistemas de emergencia están para eso, para emergencias.