Un bloque de asambleístas finalmente decidió hacerle el juego al correísmo y llevar a juicio político a la ministra de Gobierno, María Paula Romo. El correísmo no le perdona que haya desactivado el intento de golpe de Estado de octubre de 2019 cuando el expresidente alistaba maletas para volver a recuperar la Patria, que para él es sinónimo de poder hacer lo que le venga en gana con los otros poderes del Estado, sin respetar su independencia ni la división de poderes, principalmente la justicia, que llevó a los tribunales a su exvicepresidente, Jorge Glas, y a varios de sus ministros y colaboradores más cercanos por actos de corrupción.
El correísmo no le perdona a María Paula Romo que haya dejado al expresidente con las maletas hechas, en algún lugar de Venezuela, cuando estaba a punto de convertir su ficción de las manos limpias en una mentira que podía pasar como verdad: la inocencia suya y la de sus colaboradores en todos los casos abiertos y otros olvidados, desde los sobornos de Odebrecht hasta los sobornos en Petroecuador pasando por el feriado bancario estatal en Cofiec administrado por el Estado, caso en el que estuvo involucrado su primo, Pedro Delgado, como presidente del Directorio del Banco Central. Un caso digno para el misterio con préstamos cruzados, lavado de activos e informes que nunca se terminaron de aclarar.
La acusación contra la ministra Romo es incumplimiento de funciones porque la Fuerza Pública, cuyo trabajo es precautelar el orden público, usó bombas lacrimógenas caducadas en las manifestaciones de octubre de 2019; tal vez el correísmo pronto olvidó que esas bombas lacrimógenas usadas en su gobierno en una protesta de los chicos del colegio Mejía condenaron a Edison Cosíos a vivir en estado vegetativo durante siete años y siete meses hasta su muerte en abril de 2019; desde el 15 de septiembre de 2011 hasta el 16 de abril de 2019.
La campaña iniciada por el expresidente Correa, en su mundo de las redes sociales, para obtener la destitución de Romo, es solo comparable a la campaña iniciada cuando comenzaron las protestas de octubre que paralizó el país cerca de dos semanas, con reclamos honestos de la Conaie y los movimientos sociales y saboteadores monitoreados desde Venezuela con un financiamiento exorbitante con el fin de allanar el camino de regreso del expresidente cuya primera misión habría sido liberar a Jorge Glas, sentenciado por un caso relacionado con los sobornos de Odebrecht, el mayor caso de corrupción de la historia de América Latina.
El correísmo se juega sus últimas cartas para mostrar una fortaleza muy limitada de cara a las elecciones de 2021, con un discurso que recuerda sus últimos años en el poder, intentando reconstruir una base social sin movimientos sociales. Intentando demostrar fuerza montado sobre una millonaria campaña, con dineros que nadie sabe de dónde salen. Sin ningún control.
La ministra Romo ha dicho que los protagonistas de octubre solo buscan su destitución como premio consuelo.