La Asamblea Nacional censuró y destituyó al presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Christian Cruz, por incumplimiento de funciones y la obtención de manera fraudulenta de un carné de discapacidad para su beneficio personal, mientras en un juzgado se desarrollaba una audiencia sobre medidas cautelares contra la Asamblea.
El ahora expresidente del Consejo de Participación intentó aferrase con uñas y dientes a su cargo, pese a que la mayoría de vocales pedía su destitución. Se creyó por encima del bien y el mal. No solo intentó aferrarse a un poder ficticio, sino que buscaba protagonismo político con actos proselitistas como la de la entrega de una condecoración a Leonidas Iza, dirigente de la Conaie, por su trayectoria en defensa de derechos humanos.
Iza fue uno de los protagonistas de la paralización de octubre de 2019, que dejó millonarias perdidas al país, tras un acorralamiento de la ciudad de Quito con el apoyo del expresidente Rafael Correa que alistaba sus maletas para volver al país tras recamar la renuncia del Gobierno.
Lo de octubre de 2019 fue un claro intento de golpe de Estado, un juego del que se salió la Conaie a tiempo. Que Iza mereciera o no una condecoración por su defensa de los derechos humanos tal vez resulte intrascendente, que funcionarios de otras instituciones del Estado, al que se debería sumar el defensor del Pueblo, intentarán aprovechar la coyuntura política para poner sus nombres en el tablero electoral fue evidente.
El Consejo de Participación Ciudadana fue una especie de Frankenstein, montado en Montecristi. Un instrumento del expresidente Correa para hacerse con todos los poderes del Estado, incluida la justicia. Un instrumento que le sirvió para desconocer la independencia de las funciones de ese Estado, porque según él era el presidente de todas las funciones del Estado, no solo de la Ejecutiva. La figura de Cruz es un claro ejemplo de lo que representa esa institución. Y la necesidad de su desaparición.
Pero también pone en evidencia temas pendientes, como el de los carnés de discapacidad obtenidos por muchos para beneficios económicos. Entre ellos, muchos asambleístas.