El alcalde de Guamote, Delfín Quishpe, y otros tres procesados por el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de insumos durante la pandemia, tienen medidas cautelares que contemplan la prohibición de la salida del país, enajenar bienes y obligación de presentarse periódicamente en la Fiscalía.
El 4 de junio pasado funcionarios de la Fiscalía y policías allanaron las instalaciones del Municipio de Guamote. En aquella ocasión la Fiscalía anunció que se recabaron computadores y documentación relacionados a la compra de kits emergentes con presunto sobreprecio, durante la emergencia sanitaria.
“Dicen que tienen pruebas, vamos a ver”, dijo Quishpe a un medio digital de Chimborazo tras aquel operativo.
En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra de Quishpe con varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal, como certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.
Las pruebas presentadas hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por $96.608 dólares (incluido IVA).