El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció al exsecretario Nacional de Inteligencia del exprsidente Rafael Correa a nueve años de prisión, como autor mediato del delito de secuestro agravado, cometido contra Fernando Balda en Bogotá, el 13 de agosto de 2012. La sentencia sienta un precedente porque obliga al sentenciado a colocar una placa en la institución que reemplaza a la Senaín, con el siguiente texto: “El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar designado a perseguir a ciudadanos, sino a protegerlos”.
Es lo básico en una democracia, los sistemas de inteligencia no están para perseguir a los opositores, algo que se hizo común en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Y los brazos ejecutores de sus órdenes se creyeron con todos los poderes, con toda la impunidad que les garantizaba el privilegio del poder.
No importa la persona contra quién se ejecutó ese secuestro, es el hecho. Es el involucrarse en las instituciones de otros Estados, sobre todo con los antecedentes de Angostura, cuando el expresidente Correa casi llamó a una guerra internacional porque Colombia bombardeo un campamento donde se hospedaba cómodamente el segundo al mando de la guerrilla colombiana, Raúl Reyes. Entonces la presencia del campamento del grupo armado irregular en territorio ecuatoriano fue intrascendente. Solo importaba la baja de Reyes, perseguido desde Quito.
Pablo Romero representó lo peor del gobierno del expresidente Correa, el encargado de hacer escuchas, de cambiar las biografías de las personas, mientras las fronteras se volvían permeables al narcotráfico. Si no cómo alias Guacho se hizo tan fuerte en Esmeraldas, en la frontera norte con capacidad de asesinar si un ápice de compasión a un equipo de periodistas de El Comercio.
La verdadera sentencia, más que los nueve años de prisión, está en esa leyenda: El sistema de Inteligencia y Contrainteligencia del país jamás puede estar designado a perseguir a ciudadanos, sino a protegerlos. Es lo que crea la llamada jurisprudencia.