El estallido de más de 2.000 toneladas de nitrato de amonio en un almacén el 4 de agosto acabó con la vida de 158 personas, hirió a más de 6.000 y destruyó parte de la ciudad mediterránea, coronando meses de deterioro político y económico y provocando airados llamados a la dimisión de todo el gobierno.
El primer ministro del Líbano, Hassan Diab, anunció la renuncia de su gobierno, al afirmar que la gran explosión que devastó la capital y provocó la indignación pública fue resultado de una corrupción endémica. En un discurso televisado, dijo que respalda los llamados de los libaneses comunes para que los responsables de este crimen sean juzgados.
Diab hizo el anuncio después de que el gabinete -formado en enero con el respaldo del poderoso grupo Hezbolá, respaldado por Irán y sus aliados- se reuniera el lunes, cuando muchos ministros manifestaron su deseo de renunciar, según fuentes ministeriales y políticas.
Las manifestaciones estallaron nuevamente el lunes en el centro de Beirut, con algunos manifestantes arrojando piedras a las fuerzas de seguridad que custodiaban una entrada que conduce al edificio del Parlamento.
Para muchos libaneses comunes, la explosión fue la gota que colmó el vaso de una crisis prolongada generada por el colapso de la economía, la corrupción y un gobierno disfuncional, por lo que salieron a las calles exigiendo un cambio radical.
Los ministros de Información y Medio Ambiente habían dimitido el domingo, así como muchos legisladores. La ministra de Justicia, en tanto, renunció el lunes más temprano.
El presidente del Líbano dijo con anterioridad que había material explosivo almacenado desde hacía años de forma insegura en el puerto. Más tarde dijo que la investigación evaluará si la causa fue una interferencia externa, negligencia o accidente.
El gobernador de Beirut, citado por Reuters, dijo que muchos trabajadores foráneos y conductores de camiones seguían perdidos y se asumía que habían fallecido, lo que complicaba los esfuerzos para identificar a las víctimas.