Los estados de excepción son la respuesta a graves amenazas de origen natural o antrópico que afectan a la seguridad pública y del Estado. El estado de excepción es un régimen de legalidad y por lo tanto no se podrán cometer arbitrariedades a pretexto de su declaración.Toda medida que se decrete durante el estado de excepción debe ser proporcional a la situación que se quiere afrontar, en función de la gravedad de los hechos objetivos, naturaleza y ámbito de aplicación.
La duración del estado de excepción debe ser limitada a las exigencias de la situación que se quiera afrontar, se evitará su prolongación indebida y tendrá vigencia hasta un plazo máximo de sesenta (60) días, pudiendo renovarse hasta por treinta (30) días adicionales como máximo.
El Gobierno de Lenín Moreno ordenó por primera vez el estado de excepción por 60 días el 16 de marzo y luego lo renovó por otros 30, como le permite la Constitución. El 16 de junio, se decretó un nuevo estado de excepción de 60 días, que fue renovado en agosto y se extenderá solo hasta el 12 de septiembre. Eso implica que las medidas como el toque de queda o las restricciones al derecho de libre asociación van a terminar cuando termine este periodo de excepción.
La resolución fue tomada en cumplimiento de lo dispuesto por la Corte Constitucional y ahora algunos alcaldes no saben cómo lidiar con sus nuevas responsabilidades. Solo hasta el 12 de septiembre el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional tendrá la base legal para imponer medidas restrictivas.
La Corte Constitucional ha instado a las autoridades de todo nivel de gobierno a que exista otro tipo de disposiciones regulares, ya no excepcionales, para el control de la pandemia. Sin embargo, los alcaldes ahora comienzan a echar la culpa al Gobierno como si vivir en estado de excepción fuera la regla y no la excepción.