La ministra de Gobierno, María Paula Romo, respondió a la denuncia por fraude procesal presentada por Carlos Miguel D. M., representante de la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A., quien fue retenido el 26 de julio en Puembo, en las afueras de Quito, por mantener en su vivienda tres pistolas, dos fusiles, un rifle de uso especializado, 19 alimentadoras y 9.500 municiones.
“Daremos la respuesta que a otros casos que es presentarnos, comparecer en el proceso, responder y que la investigación se dirija en donde tiene que estar, en los investigados y no en los investigadores”, dijo durante un acto de conmemoración por el Día Mundial contra la Trata de Personas. El representante de la empresa minera también demandó a una jueza, un fiscal y siete miembros de la Policía.
A pesar de este arsenal y que el detenido tiene doble nacionalidad, la jueza no consideró necesaria la prisión preventiva…
La investigación seguirá adelante.#CombateAlDelito https://t.co/QfdVEqcy48— María Paula Romo (@mariapaularomo) July 27, 2020
La ministra Romo se refirió al caso una vez la jueza Geovanna Palacios, luego de una audiencia de flagrancia, lo dejó en libertad y abrió una investigación previa por el delito de tráfico ilícito de armas de fuego. A la ministra le llamaba la atención la decisión judicial, pese al arsenal que se le encontró a Carlos Miguel D. M.
En el documento del presunto acusado se explica que descansaba en su domicilio cuando arribó alrededor de las 07:00 un escuadrón de la Policía con una orden de allanamiento, donde le explicaron que “mediante información reservada de persona que no quiso identificarse por temor a represalias se tuvo conocimiento que, en la ciudad de Quito, parroquia Puembo, existirían dos inmuebles en los cuales estarían almacenando armas de fuego y munición que habrían ingresado al país de forma ilegal”.
Según el denunciante esto es un ataque premeditado para bloquear sus actividades como gerente de la empresa a la que representa.