La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Jorge Yunda, vienen reclamando desde casi el inicio de la pandemia una ley seca como la pócima mágica para detener el avance del coronavirus. Una ley que deprimirá más un sector ya arruinado como el de bares y restaurantes. Pabón y Yunda, sin embargo, nada han dicho sobre toda la tramitología para pagar los peajes ya sea en el de la autopista general Rumiñahui o en el Guayasamín, los dos que conectan a Quito con los valles.
Al inicio de su gestión, Pabón anunció que el peaje en la Intervalles sería cancelado. Nada de eso pasó, tal cual la promesa del líder de su movimiento que al inicio de su gestión ofreció bajar el IVA al 10 por ciento, tras el terremoto de abril de 2016 lo subió al 14 por ciento y se fue sin rendir cuentas de ese dinero entregado por todos los ecuatorianos.
Tas los pedidos del alcalde y la prefecta parece existir el afán del control social, porque para comprar o pagar los peajes administrados por el Prefectura hay todo un trámite que implica entregar los datos personales de los usuarios a esa institución. Y también está la distracción de casos como el de la compra de los termómetros o las pruebas PCR; de las 100 mil adquiridas se van a devolver 50 mil y se va a poner una multa al proveedor, pese a la eficacia demostrada por unos laboratorios.
Las pruebas PCR, según el alcalde Yunda, “tienen alta sensibilidad (95%) hasta con menos de 100 copias del virus, es decir son efectivas y no son chimbas”. Los termómetros, según la prefecta Pabón, no es de los que se pueden conseguir en la farmacia, porque están en capacidad de almacenar memoria y funciona a distancia.
“Es un termómetro infrarrojo médico, se usa para mostrar la temperatura corporal rápidamente mediante una onda de sensor infrarrojo. Presenta modos de oído y frente para bebés y adultos. Tiene una sonda de sensor infrarrojo no táctil, una operación de visualización rápida, recordatorio de batería baja, pantalla LCD a color y retroiluminada para facilitar la lectura de la temperatura. Función de apagado automático de 15 segundos, ofrece comodidad y diseño antideslizante, funciona en tuberías de cocción, tuberías de agua caliente, alimentos, entre otros”.
Pero el problema no son las pruebas PCR ni los termómetros, el problema es el control social y cómo deprimir más a sectores ya deprimidos por la pandemia. A negocios obligados a cerrar sus puertas con el agravante del desempleo. ¿Y si mejor anularan los peajes en la ciudad como ya se canceló el de Calacalí, para evitar trámites engorrosos a los ciudadanos? Después de todo nadie ha visto aglomeraciones de personas afuera de las licorerías.