El ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, aseguró ante la Comisión de Salud de la Asamblea que unos 22 funcionarios del Ministerio de Salud están involucrados en la emisión fraudulenta de los carnés de discapacidad. Durante los meses de la emergencia sanitaría, decretada para mitigar la propagación del Covid-19, se habría emitido tres mil carnés, de los cuales 1.650 estarían en proceso de notificación; 1.140, en anulación, y 210 fueron procesados de manera fraudulenta.
La investigación se inició con la detención de Daniel Salcedo, investigado por hechos de corrupción relacionados con la adquisición de medicamentos en hospitales de Guayaquil durante la emergencia. Salcedo finalmente fue dado de alta, en medio de denuncias de que se autolesionaba para permanecer en el centro hospitalario y evitar comparecer ante la justicia. Mientras sus posibles cómplices disfrutan de su libertad en Estados Unidos.
Entre la lista de beneficiarios de los carnés de discapacidad estarían asambleístas, jueces, deportistas y funcionarios gubernamentales, cuyos nombres se habría entregado a la Fiscalía. Los 22 funcionarios enfrentarían procesos administrativos para su separación del Ministerio, así como once personas que mal usaron el carné enfrentarían procesos en la Fiscalía General del Estado.
El número de carnés de discapacidad emitidos en todo el país supera el medio millón. De ellos, el Ministerio de Salud entregó 350.849 desde el 20 de mayo de 2013. El Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), hasta mayo de 2013, emitió 161.338.
El caso ha mostrado cómo hay personas capaces de intentar beneficiarse con la lucha de un importante sector de la sociedad para acceder a beneficios justos por tener determinado grado de discapacidad. Para mmuestra un botón, ahí está el presidente del Consejo de Participación Ciudadana aferrado a su cargo con, supuestamente, el 81 por ciento de discapacidad. El sucesor de José Tuárez.
Con Salcedo en prisión, lo deseable es que la Fiscalía acelere los procesos para que los responsables y cómplices de esta burla a la sociedad y el saqueo a las arcas fiscales, con las exoneraciones tributarias y demás, respondan para dejar un precedente de cero impunidad ante tamaña infamia.