El Tribunal de Apelación de la sentencia del caso Sobornos ratificó la sentencia condenatoria de ocho años de cárcel por el delito de cohecho agravado contra el expresidente Rafael Correa y su exvicepresidente Jorge Glas, además de varios de sus exministros de su círculo más cercano, como Alexis Mera y Vinicio Alvarado. Eso implica la pérdida de sus derechos políticos por el tiempo de su sentencia y la obligación de pagar cerca de ochocientos mil dólares para cada uno de los autores.
El expresidente Correa ha intentado posicionar el cargo como una persecución política, él tan experto en eso. Y ha dicho que lo juzgan por influjo psíquico, la mejor manera de desvirtuar unas acusaciones bastante fundamentadas de la Fiscalía porque hubo cruce de facturas, financiamiento de campañas, pago a proveedores. No son solo los funcionarios públicos los investigados, sino empresas que participaron de una trama estrechamente ligada con el caso Odebrecht.
El expresident, desde hace meses, lleva una campaña para desvirtuar en redes sociales la acusaciones, una campaña nada barata, y argumenta que salió del país sin un solo centavo. ¿Cómo financia entonces toda la red de abogados que tiene y las decenas de medios digitales dedicados a intentar subir su imagen con la idea de que volverá en 2021?
Nadie le niega al expresidente el derecho de volver al país. Debería volver como lo hizo el expresidente Abdalá Bucaram, sometido hoy a la justicia. Él permitió su regreso al país antes de terminar su mandato, ahora Bucaram y Correa están ante los tribunales de la justicia. No hay influjo psíquico en su sentencia, hay abundantes pruebas no desvirtuadas; la culpa no es de su condena no es un cuaderno ni de Argentina. El tema es que hay una justicia ya no sometida a la voluntad de sus exfuncionarios como Gustavo Jalkh, la espada de Damocles que puso en su administración contra jueces y fiscales.