El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional declaró la ley seca los viernes, sábados y domingos en 18 provincias del país para evitar las fiestas y reuniones sociales propagadas en varias zonas del país durante toda la cuarentena y la emergencia sanitaria. Su argumento: “El monitoreo constante del comportamiento de la pandemia refleja la falta de cumplimiento de las medidas básicas, esenciales y científicamente comprobadas tales como: el uso de mascarilla, higiene de manos, distanciamiento social, aislamiento preventivo, así como las inconductas ciudadanas manifestadas a través del desarrollo de reuniones sociales, consumo de alcohol, aglomeraciones y la evidente falta de respeto ante los agentes encargados del cumplimiento de la Ley”.
Según el COE, el incumplimiento en las normas establecidas como obligatorias para todas las personas ha conducido a que no se cumpla el progreso hacia la disminución de la velocidad de transmisión de la Covid-19, lo que ha provocado la consecuente sobredemanda y saturación de los servicios de salud. Un argumento bastante razonable.
El pedido de ley seca ha sido abanderado por la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, con investigaciones por la compra de termómetros, bolsas para cadáveres y hasta insumos médicos con presunto sobreprecio. La misma prefecta que permite aglomeraciones en el peaje de la autopista Rumiñahui, en el valle de Los Chillos de Quito, para que la gente pueda pagar los 39 centavos del peaje o comprar el telepeaje tras un engorroso trámite.
A ese pedido se sumó el alcalde de Quito, Jorge Yunda. Las dos autoridades muy relajadas al inicio de la pandemia cuando toda la responsabilidad del control de las medidas de restricción estaba en manos del gobierno central, hasta que el COE delegó responsabilidades a las autoridades seccionales.
¿La ley seca es la gran solución para controlar la propagación del Covid-19? Si es así tanto la prefecta Pabón como el alcalde Yunda y todos los alcaldes que reclamaban esas restricciones tendrán la oportunidad de demostrar sus razonamientos. No sé entiende por qué no fueron más drásticos y reclamaron volver al semáforo en rojo, aunque la prefecta ya reclama que todas las actividades comerciales y productivas se paren durante 15 días. El salario asegurado del Estado le permite hacer esa petición, porque de seguro no se llevó ni un solo centavo como el expresidente Rafael Correa.
Quito no ha llegado a los niveles críticos de Guayaquil y lo que no se entiende es por qué esa ciudad volvió a recuperarse sin recurrir a la ley seca. Quito, además, ya tiene ordenanzas para prohibir el consumo de licor en los espacios públicos y las reuniones sociales ya estaban prohibidas, ¿por qué no se ejerció la autoridad para hacer cumplir las normas vigentes?
Ninguna prohibición dará resultado si no existe la corresponsabilidad de la gente, sobre todo de los padres de los chicos que organizan fiestas clandestinas. Pero de ahí a creer que las prohibiciones nos hará una sociedad más disciplinada es como creer en ese dicho de que la letra con sangre entra. Es como creer que necesitamos carceleros para comportarnos en sociedad. En Quito, ¿para que están las ordenanzas ya establecidas?, ¿son letra muerta?
La gente en estos momentos no sale a beber, sale a buscar trabajo y ganarse algo para sobrevivir porque la situación es desesperante y hasta asfixiante. Y si las autoridades que se proclaman defensoras de más restricciones, de más afectaciones al empleo en sectores ya deprimidos, no entienden eso, solo deben esperar las próximas elecciones.
La próxima pandemia bien puede ser la del hambre.