El juez de la Corte Nacional, Marco Rodríguez, dictó prisión preventiva contra el asambleísta del Bloque de Acción Democrática Independiente, Eliseo Azuero, por el presunto delito de delincuencia organizada, relacionado a la trama de corrupción en la fallida construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí. Otras doce personas tienen orden de prisión preventiva, entre ellas el exasesor de Daniel Mendoza, también detenido.
La Fiscal General del Estado, Diana Salazar Méndez, fue la encargada de formular cargos contra el legislador con treinta y tres elementos de convicción, entre documentales y periciales, que determinarían la existencia del delito imputado, en el que habrían participado el asambleísta por la provincia de Sucumbíos y otros.
Según la investigación de la Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión que requería la organización, para mantener sus operaciones, por lo que solicitó prisión preventiva contra los trece nuevos vinculados, para asegurar su presencia en la audiencia de juicio.
Según detalla la Fiscalía, el juez ordenó también la retención de las cuentas bancarias de los procesados y la prohibición de enajenar bienes por ocho millones de dólares.
En otro caso, también relacionado con las investigaciones sobre la corrupción en el sistema de salud, el expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, fue llamado a juicio por el presunto delito de tráfico ilícito de armas y municiones. El juez Francisco Mendoza ordenó que Bucaram se presente diariamente ante una autoridad, le prohibió la salida del país y le ordenó el uso de grillete electrónico. Hasta ahora, Bucaram solo cumplía arresto domiciliario.
Es como si un sistema de impunidad se estuviera derrumbando, en medio de la desesperación del correísmo.