El Tribunal Electoral de Bolivia decidió postergar la fecha de las elecciones presidenciales hasta el 18 de octubre. La votación estaba fijada para el 6 de septiembre. La Asamblea Legislativa es ahora el órgano encargado de tramitar la nueva convocatoria. La mayoría de los parlamentarios son fieles al exmandatario, Evo Morales .
El MAS era la única fuerza política que insistía en mantener la fecha acordada hace varias semanas. Sin embargo, las autoridades han asegurado que no van a imponer las elecciones en contra de la voluntad del TSE, que atribuyó la decisión a “las variables científicas de la evolución de la pandemia” y a los plazos legales.
En la víspera, uno de los dos partidos opositores con los que había acordado la fecha de las elecciones, Comunidad Ciudadana (CC) del expresidente Carlos Mesa, terminó por aceptar que estas se retrasaran. Así es el MAS, cuya candidatura está encabezada por el exministro Luis Arce, como la única fuerza que respaldaba la convocatoria ya existente.
Este partido considera que los llamamientos a aplazar la cita de sus adversarios buscan impedir que vuelva al poder. Tomando en cuenta las encuestas que se han conocido esta semana. Lograr más de 40% de los votos le bastaría para ganar en primera vuelta, si sus rivales continúan divididos. El MAS también cree que el Gobierno de Jeanine Áñez trata de dilatar su interinato para mejorar la posición en las encuestas de la presidenta y candidata. Ánez está tercera, detrás de Mesa.
El oficialismo, por su parte, insiste en la inconveniencia de llamar a la población a votar cuando el país se encuentra inmerso en la peor crisis sanitaria de su historia, los contagios se incrementan vertiginosamente y los hospitales y sistemas funerarios han colapsado. Fuentes policiales informaron hace poco que, en los últimos cinco días, se han recogido 420 cuerpos en calles, domicilios y automóviles.
La desesperación de los ciudadanos los lleva a automedicarse e incluso a usar dióxido de cloro, un desinfectante cuyo consumo como paliativo para el Covid-19 está prohibido en todo el mundo. En los sectores populares de la población se cree que esta sustancia puede salvar vidas, así que se ha generado un activo mercado negro de la misma. Esta creencia ha impactado sobre la bancada parlamentaria del MAS, que está preparando una ley para aprobar el empleo del dióxido de cloro en la lucha contra la pandemia, como parte del pulso que el partido opositor libra con el Gobierno en torno a las medidas de contención de la crisis.
El TSE está procesando en este momento una acusación de los partidos de derecha en contra del MAS que podría eliminar a este partido de los comicios, por haber infringido la prohibición de difundir encuestas propias en público.