La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que en las irregularidades de los contratos para la construcción del hospital de Pedernales, en el que está involucrado el asambleísta Daniel Mendoza, la Fiscalía ha realizado una serie de operativos para investigar este tema. “Invitamos las fuerzas vivas de Manabí para que se involucren y poder tener una decisión clara”.
La ministra aseguró en Teleamazonas que su tarea es mantener la relación con prefectos, alcaldes, asambleístas. “De ninguna manera las conversaciones, acuerdos o debates implican un reparto o, peor todavía, una especie de tolerancia a la corrupción”, dijo.
Romo dijo que los hechos de corrupción recientemente revelados son delicados, pues en ellos se están investigando autoridades del ejecutivo, del legislativo y autoridades seccionales. “Parte de lo doloroso de la pandemia han sido los actos de corrupción pública y privada. Allí podríamos dar con personas que están funcionando más allá de las personas y del gobierno y que van cambiando”, dijo.
La ministra afirmó que la corrupción se ha vivido en diferentes escenarios, donde hubieron hechos pequeños y grandes que han perjudicado a la ciudadanía y costaron muchas vidas en el país.
Sobre la corrupción en el hospital de Pedernales, dijo que es un hecho muy penoso, pues Manabí habría recibido alrededor de $3.000 millones después del terremoto de abril de 2016 y hasta el momento Pedernales no ha podido contar con un hospital. Desde el Ejecutivo se habría descubierto garantías falsas que llevaron a la anulación del contrato.
Según Romo, se entregaron ocho millones de dólares de adelanto por la obra y en el cuenta solo existiría un millón de dólares.. “La diferencia es que no se tapa, no se oculta, no se le hace homenaje a nadie”, dijo.
Los hechos de corrupción en el Ecuador revelados en los últimos meses han sido de gran impacto y gran relevancia por las personas involucradas, dijo.
Sobre los hechos de corrupción en los que se involucra al prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, dijo que no se conoce sobre la salida de los familiares y no existe una boleta de captura en contra de ellos.