El juez Marco Rodríguez dictó prisión preventiva contra el asambleísta de Alianza País, Daniel Mendoza, al acoger el pedido planteado por la Fiscal general, Diana Salazar, por el presunto delito de delincuencia organizada. La investigación involucra al director del Servicio de Contratación de Obras (Secob), Edmundo Tamayo Silva, contra quien también se dictó prisión preventiva.
La Fiscalía formuló cargos contra seis personas por su presunta participación en la formación de una estructura de corrupción en el proceso de construcción del Hospital Básico de Pedernales. Los procesados fueron detenidos la madrugada del 5 de junio, en un operativo liderado por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de Fiscalía, con el apoyo de la Policía.
La Fiscal presentó quince elementos de convicción con los que justificó la presunta existencia de una estructura de delincuencia organizada. El asambleísta, valiéndose de su cargo, habría coordinado algunas acciones para obtener contratos de obra pública en Manabí, mismas que incluyeron la construcción del Hospital Básico de Pedernales, según su argumentación.
Salazar aseguró que en los computadores incautados, en el Consorcio Pedernales-Manabí, se encontraron registros y pagos a funcionarios públicos, entre ellos al asambleísta y a Tamayo Silva También se encontraron registros de los pagos realizados.
Las investigaciones de Fiscalía señalaron que estas actividades se habrían llevaron a cabo de común acuerdo y que los procesados formaron un grupo estructurado, cuyas acciones se realizaron de manera reiterada y planificada con el único fin de buscar beneficio económico y material.
Diana Salazar presentó ante el juez memorandos, partes policiales sobre la presunta estructura delincuencial, peritajes de intercambios de chats donde se comprobaba que dos de los procesados rendían cuentas y se reunían con el asambleísta, escuchas telefónicas en las que se detallaba la manera en la que concertaban las entregas de cheques y dinero.
La Fiscalía presentó el Informe con indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, en el que detecta irregularidades en la contratación de la construcción del Hospital de Pedernales y la correspondiente inobservancia del Servicio de Contratación de Obras.
La Fiscalía solicitó la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por el valor de ocho millones de dólares, valor del anticipo de la obra.