María Paula Romo y Diana Salazar fueron y siguen siendo las personas más denigradas por el correísmo. Tildadas de corruptas por prófugos de la justicia que financian millonarias campañas de fake news para intentar recuperar la gloria y la omnipotencia perdida. Sin embargo, ahora son las caras visibles de la lucha contra la corrupción emprendida en plena emergencia sanitaria declarada para mitigar la propagación del Covid-19 en Ecuador.
Contratos con sobreprecios en las compras de pruebas PCR para detectar el virus; sobreprecios en la compra de mascarillas y hasta en los de adquisición de bolsas para embalar cadáveres parecían inimaginables en la situación por la que atraviesa el país. Una situación de angustia, de encierro, de confinamiento y también de sororidad, de hermandad…, de reconocimiento del otro. De ahí que la imaginación quedó corta. El cliché de que la realidad supera a la ficción otra vez se puso de moda.
La fuerza de tarea multidisciplinaria, anunciada por María Paula Romo y Diana Salazar, comenzó a actuar en la madrugada de miércoles 3 de junio, con múltiples allanamientos en oficinas de instituciones públicas y domicilios de autoridades llamadas a velar por el bien común. Insumos médicos arrumados en casas particulares, armas de fuego, transferencias millonarias a Hong Kong y Estados Unidos sorprendieron hasta el más iluso. Como si se tratará del guión de una serie escrita para Netflix tipo La lavandería o La maquinaria.
Los operativos mostraron que en Ecuador opera una maquinaria que ni bien escucha la palabra emergencia se activa con todos sus resortes. Al parecer, diez años de emergencias y contratos discrecionales crearon una escuela perversa que mira en los dineros públicos una oportunidad para acumular fondos. Mientras miles de ecuatorianos se veían sometidos a un aislamiento, sin recursos hasta para comer, unos cuantos firmaban contratos millonarios como si la emergencia fuera a ocultar para siempre su deshonestidad con sus amigos, vecinos, conocidos…, con el país.
Bastaron treinta y siete allanamientos en Pichincha y Guayas para conocer la magnitud de la tragedia; la magnitud de un escabroso capítulo de la historia de la infamia: compra de mascarillas, gafas de protección y trajes de bioseguridad por parte de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento; doce personas detenidas, entre ellas el prefecto de Guayas quien había pedido a la población solo rezar para salir de la emergencia sanitaria, y la incautación de mascarillas y pruebas rápidas para Covid-19 en 23 allanamientos, muestran la voracidad por los dineros públicos.
El costo de la corrupción es inmenso. Mientras se vacían las cuentas públicas, las haciendas personales de unos pocos suben como la espuma. La corrupción no solo golpea al PIB del país, a sus planes de desarrollo, a sus proyectos de crecimiento, también hace demasiado daño a la sanidad mental de los ecuatorianos.
Hay un proceso de limpieza en el que destaca el trabajo de dos mujeres. Por eso son insultadas y vejadas, porque están quitándole la mascarilla al rostro de la corrupción.