“Querían las cabezas, ahí están las cabezas, pero no para que estén menos de 24 horas privados de su libertad”, dijo la Fiscal general Diana Salazar en una entrevista con Ecuavisa, ante el otorgamiento de las medidas cautelares para el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, y el expresidente Abdalá Bucaram, investigados por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de insumos médicos en medio de la emergencia sanitaria declarada para intentar evitar la propagación del Covid-19.
Salazar aseguró que sus acciones no se detendrán ante amenazas de juicios políticos por los allaamientos que realiza la Fiscalía en instituciones públicas y domicilios de autoridades seccionales.
“Con sorpresa recibimos los resultados -dijo-. Debemos tener conciencia de que la justicia funciona como un engranaje. En este caso, los jueces están dando un mensaje a la ciudadanía: los casos de corrupción son tratados de una manera distinta. La prisión preventiva debe ser aplicada en casos de corrupción”.
La Fiscal recordó que en casos de delitos menores en que se sutraen un celular, porque la gente no tiene para comer, ahí sí los implicados reciben medidas de prisión preventiva. “No nos tiembla la mano para actuar con justicia, no nos vamos a detener. Todos los casos que deban ser presentados ante los jueces, independientemente de quienes sean sus actores, serán presentados”, dijo.
Salazar recirdó que como órgano técnico especializado y titular de la acción penal, la Fiscalía actúa con sujeción a la Constitución, la Ley y los convenios de derechos humanos. Y si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos.
La Fiscalía había asegurado en su cuenta de Twitter que la institución justificó la solicitud de prisión preventiva contra ocho procesados por tráfico de influencias, entre ellos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, sin embargo el juez a cargo emitió medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el dispositivo de vigilancia.
“El combate a la corrupción debe ser integral, es un compromiso continuo de la sociedad y particularmente de las instituciones de la Función Judicial. (…) La Fiscalia hace un llamado a los demás órganos del eje de justicia para que asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia, en el marco de sus competencias y del debido proceso”, decía un comunicado de la institución.
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