Daniel Salcedo y Jocelyn M. Z. fueron extraditados desde Perú, luego de haber sido detenidos tras el percance aviatorio ocurrido el lunes pasado en ese país. “La cápsula de seguridad que trasladó a Daniel Salcedo desde Perú salió del hospital a las 22:00 y cruzó la frontera aproximadamente una hora después luego de los trámites de expulsión. Se encuentran ya en Guayaquil y la Policía los pondrá enseguida a órdenes de la justicia”, informó la ministra de Gobierno María Paula Romo en su cuenta de Twitter.
Paralelamente, la Fiscalía, en coordinación con la Policía Judicial, allanó las instalaciones de la empresa que presuntamente ayudó a salir del país a Salcedo, investigado por peculado, en la trama de compras de insumos médicos del Hospital del IESS y otras entidades públicas, en el contexto de la emergencia sanitaria que enfrenta el país.
El allanamiento se llevó a cabo a las 22:30 del martes 9 de junio, con la presencia de la fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, y del fiscal de flagrancia Robert Acosta. En el lugar se incautó documentación relacionada al caso, como las bitácoras de entrada y salida de personas que viajaron el día de la presunta evasión del investigado hacia Perú.
Las instalaciones de la empresa, ubicadas en el hangar 7 del Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, fueron intervenidas por peritos de Criminalística y de la Policía Judicial. Según el comunicado de la Fiscalía, la Terminal Aérea de Guayaquil (Tagsa) también colaboró con la entrega de los videos de las cámaras de seguridad del centro aeroportuario, correspondientes al día de la evasión.
En horas de la madrugada de este miércoles, la Policía trasladó a la Unidad de Flagrancia Cuartel Modelo, en Guayaquil, a Daniel Salcedo y su pareja, una vez que fueron expulsados de Perú y 48 horas después de que la aeronave en la que se daban a la fuga se estrellara.
La Fiscalía tiene previsto formular cargos en su contra por su presunta participación en el delito de peculado y evalúa proceder con una segunda audiencia, por un presunto delito de fraude procesal, por haber tratado de engañar a la autoridad judicial con sus acciones. Este delito es sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años de prisión.