Los trabajos de remediación ambiental tras el derrame de crudo ocurrido por la rotura, en abril pasado, de una parte de dos oleoductos y del poliducto debido a un hundimiento de tierra avanzan con normalidad, según la estatal Petroecuador.
“La intervención que se realiza en la zona afectada por derrame de hidrocarburos, tras la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), Poliducto Shushufindi – Quito y el Oleoducto de Crudos Pesados, el pasado 7 de abril debido a factores naturales, se mantiene con trabajos intensos en los 40 sitios definidos, desde los cuales se labora en 220 puntos focales donde se implementan las acciones de restauración ambiental”, dice el comunicado.
En estas labores se desplegaron 25 frentes de trabajos, en los cuales intervienen más de 500 personas de empresas que fueron contratadas para las tareas de remediación ambiental. También cuentan con la participación de personal de Petroecuador y de Oleoductos de Crudos Pesados, quienes supervisan estos trabajos, con la vigilancia del Ministerio de Ambiente.
En veinte de los puntos identificados ya se realizan tareas de desbroce y recolección de material contaminado. Se ha extraído vegetación y suelo contaminado, que son tratados para su posterior reutilización como abono.
Los trabajos de remediación iniciaron el 13 de abril y se calcula que concluyan a finales de julio, precisó la nota de Petroecuador que agrega que se han identificado 59 comunidades afectadas, ubicadas desde el punto del siniestro hasta Cabo Pantoja y cercanas a los ríos Coca y Napo.
Petroecuador anotó que han entregado en la zona agua y kits de alimentos, y recordó que activó inmediatamente su Plan de Contingencia. El 7 de abril, se produjo la rotura del SOTE así como de una parte del oleoducto el OCP tras el hundimiento de tierra en el sector de San Rafael, lo que ocasionó derrame de crudo en los ríos Coca y Napo, así como, la interrupción de la producción petrolera.
El pasado miércoles, organizaciones indígenas, religiosas y de Derechos Humanos presentaron una acción de protección con medidas cautelares a favor de unas 120.000 personas afectadas por un derrame de crudo del 7 de abril.