El viceministro de Trabajo, David Álvarez, advirtió que sería inconstitucional la aplicación de una reducción de salarios del 10% a los servidores públicos con nombramiento o contrato fijo. Álvarez compareció ante la Comisión de Desarrollo Humano donde se discute el proyecto urgente sobre Apoyo Humanitario en medio de la emergencia sanitaria declarada para mitigar la expansión del Covid-19 en el territorio ecuatoriano.
El proyecto remitido por el Ejecutivo a la Asamblea con el carácter de urgente plantea la contribución mensual del 10%, por nueve meses, a los servidores públicos y la reducción de forma permanente de un 10% de la remuneración mensual de todos los funcionarios públicos de la Función Ejecutiva y empresas públicas, que tengan una remuneración igual o mayor a los $1000.
“Constitucionalmente yo no les podría topar las remuneraciones a los servidores públicos que mantienen un nombramiento definitivo”, dijo. La reducción podría aplicarse a los funcionarios de libre remoción y para ello, no se necesita una Ley, se puede disponer a través de un Decreto Ejecutivo.
La asambleísta Elizabeth Cabezas afirmó que es necesario extender las disminuciones salariales a otros niveles altos del sector público, como asesores, e incluir en ellas a la banca del Estado y empresas públicas.
En la comparecencia también participó el ministro de Trabajo, Luis Poveda. Desde que se declaró la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus, el ministerio a su cargo recibió 4.526 denuncias por despidos intempestivos y que al momento se han realizado al menos 702 inspecciones a nivel nacional, así como 200 inspecciones en lo relacionado a la seguridad ocupacional.