El alcalde de Quito, Jorge Yunda, anunció que está vigente desde el 7 de abril una ordenanza para normar el uso obligatorio de las mascarillas en los espacios público de la capital, una vez que el Comité de Operaciones de Emergencia decidió que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) regularicen el uso de esta protección para evitar la propagación del coronavirus.
Las multas van desde los $100 la primera vez, $200 la segunda, $1.600 si esas multas no son pagadas a tiempo hasta los $8.000, el equivalente a veinte salarios básicos unificados. Las sanciones económicas están contenidas en el artículo 1 de una resolución del alcalde Yunda. Esta resolución está vigente desde ayer, 7 de abril.
Los requisitos para circular en espacios públicos son usar mascarilla u otro dispositivo con terminado antibacterial y antifluido que cubra conjuntamente la nariz y boca, portar la cédula de ciudadanía o cualquier documento oficial que acredite su identidad y ubicarse o circular a mínimo dos metros de distancia de otras personas.
La Agencia Metropolitana de Control será la encargada de velar por el cumplimiento de esta nueva normativa.
“La Secretaría de Salud implementará programas para la entrega gratuita de mascarillas a personas beneficiarias de los Bonos de Desarrollo Humano y Emergencia y otras pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad generada por la emergencia. Para este fin, estará facultada a aceptar y recibir donaciones y, de ser necesario, adquirir tales insumos con recursos económicos de la Municipalidad, priorizando la producción nacional y local”, dice el comunicado del Municipio.
El artículo 2 de la resolución de Yunda, establece que las personas diagnosticadas con coronavirus están inhabilitadas para el uso de bienes de dominio público hasta que cese su sintomatología clínica y sea acreditada por medio del resultado de un test rápido serológico.
“Las personas que hayan sido diagnosticadas con coronavirus, covid-19, deberán obligatoriamente mantener aislamiento domiciliario hasta cumplir el período de recuperación, pudiéndose trasladar únicamente a establecimientos de salud para recibir tratamiento. Quien viole esta restricción estará sometida a la responsabilidad civil por daños provocados a la municipalidad y a terceros; e incluso podrá ser sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”, sigue el comunicado.
Cuando se conozcan de presuntas infracciones se presentarán las denuncias a la Fiscalía y el Municipio de Quito podría actuar como víctima.