Un problema endémico del país es el económico; esto ya lo sabíamos antes de la pandemia, evento que expone muchas verdades en torno al manejo de la cosa pública y sus prioridades, al tiempo que agrava las finanzas públicas de manera alarmante.
De nuevo los más pobres están al filo del precipicio, también buena parte del sector productivo generador de fuentes de empleo por naturaleza. Las prioridades aquí y en el resto del globo son irrefutables, tienen que ver con la vida, el ser humano, la economía como espacio de inventiva, producción de bienes y servicios, y trabajo dignificador.
Todo cambió. Con inteligencia y prudencia, la política fiscal debe adecuarse a la nueva realidad. El maligno covid-19 con sus espigas en forma de corona infecta las células humanas al punto de poder causarle la muerte, su coletazo puede resultar brutal para el planeta, no se diga para nuestra frágil situación social y económica.
Cuando lo único cierto es la incertidumbre, resulta imprescindible el consenso de las fuerzas políticas anteponiendo el interés nacional; y, arrimar el hombro todos, en el hogar y la familia, en el campo profesional, hasta en las instituciones más grandes e importantes, pasando por pequeños y medianos negocios y emprendimientos.
Estamos presionados a diseñar soluciones inclusivas y posibles para superar esta dura prueba.
El Estado tienen mucho por hacer en estas circunstancias; por ejemplo, en materia de renegociación de la deuda, focalización de subsidios, evasión tributaria y contribuciones de sujetos y grupos económicos poderosos -muchos de los cuales lucraron desmedidamente del propio Estado-, recuperación de dineros de la corrupción; debe ganar en eficiencia, cuidar la libertad y los derechos a través de una política fiscal contracíclica, generadora de seguridad, que racionalice el gasto, garantice el trabajo, priorice salud, educación e investigación científica, y fortalezca el agro; que incentive y no ahogue. (O)
Texto original publicado en El Telégrafo