El anuncio del Gobierno de reducir en un 50% los salarios del Presidente, Vicepresidente, ministros, viceministros, autoridades de los gobiernos locales y asambleístas puede tener un aire de demagogia, porque la suma total no cubriría ni el 001,0% del Presupuesto destinado a salarios del sector público, pero es un mensaje simbólico, reclamado por todo el país, sobre todo en el caso de los asambleístas que ni siquiera pueden tener quorum completo en una sesión de trabajo desde sus casas.
Tal vez los ajustes que se necesiten vayan por otro lado como el número de instituciones absurdas heredadas del anterior Gobierno y que no han desaparecido del todo o la venta de empresas donde el Estado ha demostrado ser un buen empleador y un pésimo empresario, con números rojos al final del día. O la renegociación de la deuda con China.
El Gobierno ahora anuncia que enviará a la Asamblea un proyecto de Ley de Emergencia Humanitaria donde se incluirá un régimen de acuerdo entre las partes con el fin de preservar al máximo posible los trabajos y las fuentes de estos trabajos.
“Para evitar despidos se podrán acordar nuevos salarios; se podrá acordar jornadas diferentes de trabajo, así como también extensiones de plazos y períodos de gracia para las deudas, reducciones de cánones de arriendo, etcétera. Evitar los despidos es el objetivo”, dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez en cadena nacional el domingo. Es lo que se llama flexibilización laboral que no está regulada en el Código de Trabajo. ¿No habría sido mejor que el ministro de Trabajo también estuviera en esa cadena para explicar la parte operativa de ese anuncio, que en lugar de generar tranquilidad aumentó la intranquilidad de la incertidumbre?
El empleo no se puede preservar a la fuerza; el momento que una empresa no puede pagar la nómina ni puede generar ingresos solo le queda cerrar, más allá de los discursos. ¿Por dónde viene la palanca que el sector privado necesita para innovar y mantenerse a flote? No está claro. Los mensajes en el tema económico solo traen confusiones. ¿Cómo se hará operativo la reducción del salarios de las autoridades nacionales y locales? ¿Cuál es la reducción del Presupuesto institución por institución?
¿Cómo el Gobierno va a impedir que el arrendador no desaloje al arrendatario por falta de pago, si la única reforma a la Ley de Inquilinato aprobada en la anterior Asamblea fue vetada por el anterior presidente? ¿Cómo lo hará si nunca ha estado las reglas claras de la relación entre el arrendador y el arrendatario?
Si se recaudan $500 millones por el aporte de los trabajadores del sector público y privado para la emergencia sanitaria, ¿a dónde irán esos recursos, desglosados? El anterior Gobierno se caracterizó por cultivar el arte de la propaganda y la demagogia, por reclamar sacrificios al ciudadano de a pie, mientras en Carondelet el despilfarro estaba a la orden del día en banquetes, karaokes con invitados honoris causa, como su anfitrión. Eso ha quedado atrás, pero en tiempos de incertidumbre lo que menos necesita el ciudadano de a pie es más incertidumbres. Lo que necesita son certezas. ¿Desde cuándo?, ¿cómo?, ¿por qué?, ¿para qué?
En todo caso habrá que esperar en qué términos se envía es proyecto de Ley a la Asamblea y cómo se hará operativo la reducción de salarios de las autoridades nacionales, locales y de los asambleístas.