La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó este 14 de enero su informe sobre los hechos acontecidos durante el paro de octubre pasado que reclamaba la derogatoria del Decreto que eliminaba el subsidio a los combustiblles. En ese documento se establecen sus conclusiones y 11 recomendaciones a tomar en cuenta por parte del Estado ecuatoriano.
“Entre los días 28 y 30 de octubre de 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a invitación del Estado, visitó Ecuador con el objeto de observar, en el terreno, la situación de los derechos humanos en el país tras las protestas sociales registradas entre el 3 y el 13 de octubre de 20192, dice el informe en el que reconoce el compromiso del Estado ecuatoriano por su participación de audiencias, reuniones de trabajo y el envío de insumos para la preparación de los informes anuales de la Comisión Interamericana.
La Comisión sostuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado y de las autoridades de control, como la Corte Constitucional. Además, se reunió con un amplio grupo de personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito, Cuenca, Guayaquil y Latacunga.
La CIDH destacó que entrevistó a un total de 439 personas y registró 380 testimonios que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas. “En esa línea, las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectan derechos sociales de la población, irregularidades en la presentación de denuncias y acciones de protección de garantías constitucionales; falta de información a familiares respecto de personas detenidas y fallecidas (…)”, dice el informe.
Entre las recomendaciones se destaca el respetar y garantizar el goce pleno de los derechos a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. “En esa misma medida, asegurar que los operativos de seguridad con respecto a protestas y manifestaciones se ejecuten según protocolos de actuación que sean congruentes con los estándares internacionales relativos al uso de la fuerza por los agentes encargados de hacer cumplir la ley”.
La CIDH también recomienda establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias y garantizar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de conformidad con los estándares interamericanos, en particular, mediante la protección de los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios frente a persecuciones, intimidaciones, hostigamientos, agresiones de cualquier tipo…