“Que la justicia haga su trabajo, que la Fiscalía haga su trabajo. Al Gobierno no le corresponde interferir en la justicia, no lo ha hecho y el Gobierno se va a mantener por supuesto como un observador que está preocupado por lo que suceda. El mensaje de impunidad no es bueno ni para el país ni para la democracia”, dijo la ministra de Gobierno María Paula Romo al hablar sobre el inicio del juzgamiento, en el caso Sobornos.
Este viernes 31 de enero arranca la etapa de juzgamiento a la que han sido llamadas 21 personas, entre ellas, el expresidente Rafael Correa.
La Fiscalía General del Estado los acusa del delito de cohecho porque, supuestamente, hubo una organización conformada por funcionarios públicos y empresarios para entregar contratos de obra pública a cambio de recursos económicos que habrían sido usados por el movimiento del expresidente Correa.
Fausto Jarrín, abogado del expresidente, había dicho que la expectativa puntual respecto al caso es que se haya convocado como corresponde a todas las partes, se haya notificado a todos los testigos y se haya solicitado todo lo que se requirió a la jueza Daniela Camacho y ella autorizó en la audiencia preparatoria.
Romo aseguró que el Estado ecuatoriano, a diferencia del Gobierno, sí participa como acusador particular a través de la Procuraduría General del Estado.