El Estado ecuatoriano su responsabilidad en el caso de Paola Guzmán Albarracín, quien se suicidó a los 16 años tras sufrir abusos sexuales a manos de una autoridad de su colegio. Lo hizo este martes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Paola Guzmán ingirió fósforo blanco para suicidarse el 12 de diciembre de 2002, tras dos años de sufrir abusos sexuales a manos del vicerrector de su colegio en Guayaquil, Bolívar Espín.
María Fernanda Álvarez, directora de derechos humanos de la Procuraduría, pidió disculpas a la madre de la menor, Petita Albarracín, por las “acciones y omisiones del Estado” que permitieron los abusos de la menor y su muerte. Álvarez reconoció que un mal manejo del caso a cargo de la Fiscalía permitió que prescribiera el proceso penal contra Espín.
La menor comenzó a ser abusada sexualmente por el vicerrector a los 14 años a cambio de ayuda con sus notas. Después de dos años quedó embarazada y Espín la obligó a abortar. El médico del colegio solo accedió a practicarle el aborto a cambio de favores sexuales.
La menor ingirió fósforo blanco cuando iba camino al colegio, víctima de la depresión. Al llegar a la institución, el personal la obligó a rezar en lugar de prestarle atención médica, y solo tres horas después permitieron que las compañeras llamaran a la madre de Paola para informarle de lo ocurrido.
“El abuso que vivió mi hija lo sabían todos, lo sabía el rector, los profesores, las compañeras y no me dijeron nada”, dijo Albarracín. “Hice todo lo posible, fui a la fiscalía, a la dirección de estudios, hubo mucha humillación, no me atendían, botaban los papeles”.
Álvarez admitió que el Estado fue omiso en la investigación administrativa, en el proceso penal y en las acciones para impedir que este tipo de práctica se diera en un colegio público.