El Gobierno español respondió a las expulsiones de miembros de la delegación diplomática española en La Paz con la expulsión de tres diplomáticos bolivianos destinados en Madrid. La respuesta es una medida de reciprocidad habitual en este tipo de casos.
Esta mañana, el Gobierno provisional de Bolivia ordenó la expulsión de los diplomáticos españoles involucrados en el incidente de la embajada de México y les otorgó un plazo de 72 horas para que abandonen el país. “Bolivia no es colonia de nadie”, subrayó Jeanine Áñez, presidenta provisional del país andino desde octubre, cuando sustituyó a Evo Morales tras conocerse el fraude electoral orquestado por el oficialismo.
El Gobierno español explicó en un comunicado que tras el gesto hostil de Bolivia, los diplomáticos bolivianos afincados en Madrid tienen un plazo de 72 horas para salir de España. Se trata del encargado de Negocios de la Embajada boliviana en Madrid, Luis Quispe; el agregado militar Marcelo Vargas; y el agregado policial Orso Fernando Oblitas. Madrid exige en la nota que el Gobierno interino de Bolivia “reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación” entre ambos países.
España, además, “rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos” de Bolivia y aclara que “cualquier afirmación en este sentido” constituye “una calumnia dirigida a dañar” las relaciones bilaterales entre ambos países “con falsas teorías conspiratorias”. “La relación entre nuestros dos países se basa en el mutuo respeto a nuestras instituciones democráticas y esta será siempre la referencia en nuestras actuaciones”, añade el Ejecutivo español en el escrito. Por ello, manifiesta su deseo de “seguir manteniendo unas relaciones estrechas de amistad y solidaridad” con el país andino “con pleno apoyo a que su voluntad democrática se exprese por los cauces legítimamente establecidos”.
La ministra de Asuntos Exteriores de Bolivia, Karen Longaric, presentó el sábado 28 de diciembre una queja ante el Ministerio de Asuntos Exteriores español por un incidente que, según aseguró, fue provocado por funcionarios de la Embajada española, que acudieron acompañados de “encapuchados” y “presumiblemente armados” a la residencia de la Embajadora de México en Bolivia.
En esa embajada estarían alrededor de una decena de asilados, entre los que se encuentran varios excargos del gabinete del expresidente Evo Morales, a los que el Gobierno actual de Bolivia ha acusado ante la Justicia de varios delitos, como el de terrorismo. El Gobierno de Madrid ha negado en todo momento que haya tratado de facilitar la salida de esas personas de la Embajada mexicana, mantiene que la visita de sus dos diplomáticos fue de “cortesía” e iban acompañados de “personal de seguridad” para su propia protección.