Luego de pasar varios años de silencio, en mayo de 2019 el Banco Central de Venezuela publicó algunos datos sobre la economía de ese país en 2018. La inflación llegaba al 130.000% y la contracción de la economía bordeaba el 22,5%, casi la cuarta parte del PIB cuesta abajo. La producción del petróleo, que representaba el 90% de sus exportaciones, simplemente había colapsado.
Cifras del Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela daba cuenta de que en el primer trimestre de 2019 se registraron 6.211 protestas contra el régimen de Maduro, un incremento de 157% en comparación con el mismo período de 2018 y de 395% con respecto a 2017. Más de tres millones de venezolanos habían abandonado su país durante los regímenes de Hugo Chávez y Maduro.
No quedan actualmente en Venezuela instituciones gubernamentales independientes en pie que puedan poner freno al poder ejecutivo, dice el último informe de Human Rights Watch. Tanto durante el gobierno de Maduro como anteriormente durante el de Hugo Chávez, las autoridades coparon los tribunales con jueces sin la más mínima pretensión de independencia. El gobierno ha arremetido contra críticos a través de una brutal represión en las calles, el encarcelamiento de opositores y el juzgamiento de civiles en la justicia militar. También ha despojado de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, sigue el informe.
Debido a la grave escasez de medicamentos, insumos médicos y comida, muchos venezolanos no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni acceder a la atención médica más básica, insiste Human Rights Watch. Según esa organización, el éxodo masivo de ciudadanos venezolanos que huyen de la represión y la escasez representa la mayor crisis migratoria de este tipo en la historia reciente de América Latina.
Pero ahora resulta que toda la crisis venezolana es culpa de la derecha latinoamericana solo por haber reactivado el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Según Delcy Rodríguez, que funge de vicepresidenta Ejecutiva de Maduro, los llamados de atención a recuperar la institucionalidad democrática en Venezuela son intentos de tapar las crisis sociales y políticas en países como Chile, Colombia y Bolivia, de donde han sido expulsados decenas de militantes cubanos y venezolanos.
En esos países hay vulneración de los Derechos Humanos, en Venezuela no. En la Venezuela, con más de tres millones de migrantes expulsados por la falta de medicinas y alimentos, todo es paz y armonía que intenta ser socavada por las conspiraciones internacionales. Y hay gente de la llamada izquierda latinoamericana que da cuerda a ese discurso que tiene más de canalla que de novelesco, mientras rebusca en teorías de economía pura, de economistas puros que no saben contar, las causas de las protestas en Colombia o Chile, porque ahí no hay ningún brote de conspiración. Otro discurso que tiene más de canalla que de novelesco.