Uno de los mayores activos que posee una nación -a la hora de empujar su desarrollo social y económico- se denomina PAZ, el cual debe ser cuidado a como dé lugar, ya que, cuando el ambiente social de un territorio es pacífico, todo tiende a funcionar con mayor facilidad en pro de la construcción de una sociedad más justa, solidaria e inclusiva que, en medio de la diversidad, permitirá que todos tiendan a ganar de forma individual y colectiva.
En su momento -recordando la historia- países vecinos como Perú y Colombia han vivido épocas en donde el narcotráfico y la guerrilla -cuando llegaron a su máximo nivel de presencia- instauraron el miedo como forma de vida y, con ello, el desarrollo de esas naciones se fue obstruyendo, limitando, como era de esperarse, la prosperidad sobre todo de los sectores más desfavorecidos; ya que, cuando impera la violencia en una sociedad, inmediatamente, se recienten indicadores como la inversión, la producción y, ante todo, la generación de empleo digno que, como se sabe, este último es el mejor antídoto para combatir la pobreza ocasionada por la falta de ingresos.
Entonces, pensando en el Ecuador de los últimos días, aún estamos a tiempo de regresar al ambiente pacífico que siempre ha predominado en nuestro país; siendo necesario, para ello, la creación de espacios de diálogo constructivo y propositivo que, sobre todas las cosas, antepongan los intereses nacionales a los individuales y/o de grupos de poder económico y/o político que, cuando hay violencia generada por ellos mismos, lo único que buscan es pescar a río revuelto resoluciones gubernamentales o estados situacionales socioeconómicos y políticos que les ayuden, de forma egoísta, a resolver su bienestar personal y/o del grupo al que representan.
Ahora, claro, cuando las inconformidades llegan a su éxtasis y es necesario realizar el reclamo respectivo, está bien la “protesta responsable y pacífica”, pero no la agresión generada por grupos de personas -los infiltrados, sobretodo- que, con intereses ocultos, buscan sembrar el caos y, así, facilitar el aparecimiento de escenarios en donde, la exacerbación -muchas veces inducida- del ánimo de los inconformes termina conduciendo a un estado de violencia en donde, lamentablemente, se terminan enfrentando hermanos de un mismo país.
En el caso ecuatoriano -situándonos en el estado de violencia que se desató en las primeras semanas de octubre de 2019- desde la óptica del análisis político y social, surgen algunas interrogantes que, con la participación de la academia, por ejemplo, deberían ser respondidas, objetivamente, bajo un ejercicio de autoaprendizaje que evite se vuelvan a repetir, en el futuro, escenarios de violencia que enfrente a los propios ecuatorianos. Entre las posibles interrogantes podrían estar:
- ¿Qué sucedió para que se presenten escenarios de alta violencia, como los ocurridos en este octubre de 2019?
- ¿Por qué edificios, como el de la Contraloría General del Estado, fueron atacados brutalmente, sin que tenga, esta instancia estatal, nada que ver con la eliminación de los subsidios a los combustibles?
- ¿Será que, el caso de la Contraloría, va a servir solo como cortina de humo y de gran justificativo para decir “justo esos papeles que estaban bajo mi responsabilidad se quemaron o desaparecieron” con el único propósito de eliminar las pruebas que hacen ver la cantidad de recursos que, en definitiva, se robaron de forma descarada los implicados en determinados actos de corrupción?
Si la respuesta a esta última interrogante va por la ratificación de las presunciones que están incorporadas en su formulación, definitivamente, qué astutos y oportunistas, sobre todo, los actores intelectuales que, a partir de la violencia generada -en medio del caos de la protesta-, lograron que se destruya una buena parte de las evidencias que, “presumiblemente”, demostraban que un conjunto de actores relacionados al gobierno presidido por Rafael Correa Delgado -unos ya presos y otros con órdenes de prisión-, se involucraron en actos de corrupción y, claro, ahora, se estarán frotando las manos gracias a la impunidad que se generaría por la dificultad de localizar las pruebas que antes, se suponía, estaban a buen recaudo en la Contraloría General del Estado.
Finalmente, el escenario violento que se vivió y que fuimos testigos todos los ecuatorianos, parecería que fue planificado con anticipación y que, nada más, esperaban se presente la oportunidad para poner a prueba el plan desestabilizador y guerrerista; siendo su oportunidad perfecta -como ahora la historia lo confirma- el infiltrarse en medio del reclamo que se hacía por la eliminación de los subsidios a los combustibles que decidió, a inicios de octubre, el Presidente Lenín Moreno. Y, claro, esa infiltración, a los violentos les permitió generar terror y miedo colectivo y, con ello, tratar de cumplir sus propósitos ocultos que, directamente, afectaron a la paz nacional, tan reconocida como un estado situacional que por años había venido predominando en nuestro Ecuador.
En definitiva, en medio de este difícil “escenario octubrino” que vivimos todos los ecuatorianos y que culminó con un acuerdo público -transmitido en vivo por televisión- entre el gobierno nacional y el movimiento indígena, lo primero que se debe decir es que “no hubo ganadores”, pues, como país, todos perdimos en términos de las pérdidas económicas -paralización de la producción nacional y reconstrucción de lo dañado en las protestas- y, principalmente, en términos de la afectación a la confianza y buena relación entre hermanos ecuatorianos que, si pidiésemos su punto de vista, la mayoría lo que busca es “trabajar en paz” en medio de la diversidad real que caracteriza a países como el Ecuador. ¡Vamos adelante, que un ECUADOR más PRODUCTIVO, JUSTO E INCLUSIVO es totalmente posible alcanzarlo gracias al TRABAJO SINÉRGICO de TODAS y TODOS!