La expresión de las miles de personas a lo largo y ancho del país que salieron este jueves a las calles para expresar su descontento con la administración del presidente Iván Duque ya empezó a tener sus efectos directos en el Gobierno Nacional, según reseña El Tiempo de Bogotá.
En las manifestaciones quedó claro el resurgimiento del movimiento social como protagonista de las exigencias políticas, mientras Colombia regresaba de a poco a la calma este viernes. En Bogotá y Cali las autoridades daban parte de tranquilidad aunque con problemas de movilidad, luego de que al término de la jornada, que se desarrolló mayoritariamente de forma pacífica en todo el país, hubo violentos enfrenamientos.
“Hoy el país está tranquilo”, dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo quien entregó un balance de las movilizaciones que se registraron el jueves en todo el país y de los desmanes presentados después.
Trujillo dijo que la fuerza pública acompañó y garantizó la seguridad de más de 250.000 colombianos en 662 concentraciones y actividades que se llevaron a cabo en 31 departamentos del país. Resaltó que en la mayoría del país la jornada terminó a primeras horas de la tarde sin alteraciones del orden público.
“Luego de las manifestaciones pacíficas, los violentos, los vándalos, los criminales desataron una oleada de ataques en distintas ciudades de Colombia que afectaron la integridad y la vida de colombianos”.
Dos personas murieron en Buenaventura, durante una confrontación con la fuerza pública cuando intentaban saquear un centro comercial. El otro civil falleció en Candelaria, a unos 93 kilómetros de Buenaventura, durante refriegas. A la zona se desplazó una comisión oficial para “analizar de primera mano los procedimientos realizados” por los uniformados en medio de los choques, dijo Trujillo, citado por France Press.
Duque, quien está en horas bajas tras quince meses de haber asumido el poder, lideraba la mañana de este viernes el consejo extraordinario con su gabinete en la sede de gobierno.
El jefe de Estado, que reconoce la legitimidad de algunos reclamos en su contra, aseguró la noche del jueves que acelerará la agenda social de su gobierno y que escuchó el reclamo callejero, aunque no respondió al llamado de los promotores del paro para dialogar.
Tras las manifestaciones, las mayores registradas en Colombia en los últimos años, se abrieron once investigaciones ante denuncias de “posibles actuaciones irregulares” de agentes policiales contra los marchantes en Bogotá, Cali, Manizales y Cartagena.
“De comprobar una falta, por supuesto que se aplicarán las sanciones correspondientes”, dijo el ministro.
Amnistía Internacional dijo en Twitter haber recibido “testimonios, fotos y videos sumamente alarmantes” de “uso excesivo de la fuerza” por parte de la policía antidisturbios. Cali fue el principal foco de violencia, con saqueos y “actos vandálicos”, que llevó a la alcaldía a decretar toque de queda hasta las 06:00 de este viernes.
“No hay ninguna novedad de orden público, absolutamente todo tranquilo y controlado”, dijo temprano el secretario de Seguridad, Andrés Villamizar.
En la tercera ciudad de Colombia grupos de ciudadanos armados custodiaron edificios y conjuntos residenciales durante la noche del jueves ante intentos de saqueos y robos, que según Villamizar no se concretaron.
El alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, decretó ley seca hasta el sábado ante el “conocimiento de vándalos que quieren generar caos”.
Las marchas rechazaron la supuestas reformas para flexibilizar el mercado laboral y el sistema pensional, la política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales y el intento de modificar el pacto de paz de 2016 que desarmó a la exguerrilla FARC, que participó en el paro.
“Somos un gobierno que escucha y que construye. Entendemos que la protesta pacífica es legítima en una democracia. Y que a lo largo de la historia han surgido frustraciones que debemos resolver y que hemos venido atendiendo”, dijo Duque.