Los disturbios registrados entre el 3 y el 13 de octubre pasado en Ecuador tuvieron un alto costo humano, según la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien instó a todos los actores a que dialoguen para prevenir nuevos conflictos.
“Las personas deberían poder expresar sus quejas sin temor a ser lesionadas o detenidas. Al mismo tiempo, es importante que los manifestantes no recurran a la violencia”, dijo, según un comunicado de su oficina.
La funcionaria pidió investigaciones independientes, imparciales y transparentes sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos y abusos en Ecuador y el saqueo y la destrucción de propiedades públicas y privadas, entre otras, perpetrados durante las protestas.
Por invitación del Gobierno ecuatoriano, la Oficina de la Alta Comisionada envió una misión que permaneció en Ecuador del 21 de octubre al 8 de noviembre, para recopilar información de primera mano e identificar posibles abusos y vulneraciones de derechos humanos ocurridos en el contexto de las protestas.
La misión se entrevistó, entre otros, con funcionarios del gobierno y con representantes de la sociedad civil, grupos indígenas, periodistas, sindicalistas, trabajadores del sector sanitario y empresarios. En total, la misión realizó 373 entrevistas, de las que 83 fueron con víctimas individuales. El equipo estuvo además en tres centros de detención y realizó visitas sobre el terreno Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi y Guayas.
Durante los 11 días de disturbios sociales, según el informe de esa misión, al menos nueve personas murieron y 1.507 resultaron heridas, entre las que figuraban 435 miembros de las fuerzas de seguridad. El número de detenidos ascendió a 1.382. Hay denuncias de que muchas fueron detenidas arbitrariamente, se indica en el comunicado.
El equipo recibió informes procedentes de víctimas y testigos que indican que la actividad represiva de los agentes del orden no se ajustó a las normas y a los criterios internacionales, entre otros aspectos por el empleo innecesario y desproporcionado de la fuerza. Los agentes del orden incluyeron a la Policía y a los militares, estos últimos desplegados tras la declaración del estado de excepción.
Las víctimas y testigos denunciaron el uso reiterado por parte de las fuerzas de seguridad de gases lacrimógenos y perdigones disparados a corta distancia contra los manifestantes. “El uso de gases lacrimógenos y perdigones causaron cientos de heridos y posiblemente algunas de las muertes”, se destaca en el informe.
Bachelet reconoció que la Fiscalía y la Policía han iniciado 17 y 31 investigaciones respectivamente, pero también hace hincapié en la “importancia de que se indaguen las circunstancias que rodearon a todas las muertes y los casos de heridos graves”. También recalca la necesidad de que se revisen los protocolos internos relativos al uso de la fuerza y que las autoridades se aseguren de que dichos procedimientos se ajustan a las normas y los criterios internacionales.
En el informe también se destaca que algunos manifestantes también recurrieron a la violencia y varios individuos sin identificar han sido acusados de incitar a la violencia y de ejercerla. Durante la jornada se dieron disturbios, bloqueos de carreteras, saqueos, ataques contra docenas de ambulancias, incendios intencionales, destrucción de propiedades públicas y privadas, cortes del suministro de agua, y daños a instalaciones de producción de petróleo.
Según datos gubernamentales obtenidos por la Oficina de la Alta Comisionada, más de 400 agentes de la policía y militares fueron retenidos contra su voluntad, y en varios casos fueron sometidos a vejaciones y malos tratos.
Según las cifras suministradas por entidades de la sociedad civil, hubo más de 100 agresiones a periodistas, realizadas tanto por las fuerzas de seguridad como por los manifestantes.
La señal de algunos medios de comunicación fue cortada, especialmente en El Arbolito, en Quito, el 10 de octubre, y una de sus sedes fue allanada por la policía, lo que apunta a un esfuerzo deliberado de restringir su capacidad de transmitir y recibir información, que es un elemento fundamental del derecho a la libertad de expresión y opinión. Grupos violentos incendiaron parte del edificio de Teleamazonas y atacaron con violencia el diario El Comercio.