En total 33 de los 261 viajes realizados por los aviones presidenciales durante el mandato del expresidente Rafael Correa no contaron con manifiestos de pasajeros, ni del peso de la carga y equipaje, según la auditoría realizada por la Contraloría General del Estado.
La Contraloría notificó al expresidente Correa con una glosa de $9’649.761,36, cifra que significaría un perjuicio para el Estado por los desplazamientos de los aviones realizados sin autorización, sin plan de vuelo y sin manifiestos de pasajeros, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 24 de mayo de 2017.
De los 33 viajes sin autorización en los aviones Legacy y Falcon, comprados durante su administración en decenas de millones de dólares, 24 tuvieron como destino países que son considerados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) como paraísos fiscales. “No contaban con la autorización ni se estableció y registró el objetivo del viaje”, dice el informe de la Contraloría.
Correa justificó que funcionarios de otras dependencias del Estado usaron los aviones de la Presidencia. “Debe ser algo inédito en la historia ‘glosar’ a un presidente por no haber utilizado exclusivamente para él los aviones, sino haberlos puesto al servicio de todo el Estado…”, escribió en su cuenta de Twitter.
La administración del expresidente Correa no usó solo los aviones presidenciales, sino que además se dispuso paralelamente los aviones de la aerolínea Tame y de la estatal Petroecuador “sin que se haya justificado su uso simultáneo y la cantidad de personas que conformaron las comitivas, así como tampoco se señalaron los cargos y las entidades a las que pertenecían…”.
Los aviones fueron considerados estratégicos y adquiridos por el Ministerio de Defensa en 2008 y 2013 por $80 millones. Su compra se realizó en total hermetismo y su proceso de adquisición no se hizo público en el portal de compras públicas.