La corrupción marcó la década pasada del país, autoridades del sector público, prevalidos de una bonanza económica irrepetible, encontraron en varios agentes del sector privado la contraparte ideal para delinquir, para robar, para usurpar el futuro de la sociedad.
Los corruptos arrasaron con el endeble Estado de derecho que teníamos y acomodaron las piezas del gran rompecabezas del aparato público para violar la ley y garantizar la impunidad.
El resultado: un país en la fosa, con institucionalidad paupérrima, endeudado para varias décadas, esa es la verdad y, además, catalogado de alto riesgo para invertir; el Ranking de Riesgo País de JP Morgan del último agosto coloca a Ecuador entre los tres de la cola, solo mejor que Venezuela y Argentina, muy por detrás de Brasil, México, Colombia, Uruguay, Perú y Filipinas.
Es hora de pensar en serio el camino a tomar inmediatamente para levantarnos de nuevo. En este sentido, no cabe duda de que el sector privado tendrá que jugar un rol preponderante, porque puede invertir, generar empleo, vender al mundo, es también el que tributa y sostiene al Estado con las prestaciones que debe cumplir, sobre todo, para las grandes mayorías; los ciudadanos también hacemos nuestro aporte valioso y tenemos deberes que cumplir.
Pero para que esto se concrete, es necesario generar condiciones a parir de decisiones políticas para la estabilidad y la seguridad jurídica.
Para sacudirnos de la podredumbre a la que nos llevaron políticos sinvergüenzas y corruptos, cabe demandar una acción ética por el rescate de valores, principios y educación, a quienes dirigen la cosa pública, a la sociedad en general y a sus organizaciones, políticas y civiles.
Urge ponernos a la altura del momento actual, enfocados en hacer de este país un lugar atractivo, en especial, para la inversión y el desarrollo económico, lo que permitirá elevar las condiciones de vida de todos. Un Ecuador digno se nos presenta como el objetivo central.
(Publicado en El Telégrafo, 1 de septiembre de 2019)