El círculo se cierra. La trama de sobornos montada en el gobierno del expresidente Rafael Correa alcanza ribetes cada vez más repugnantes y grotescos. No hubo ningún decoro. No hubo la más mínima muestra de cierta decencia en el manejo de los recursos públicos. Entonces son hasta entendibles las imágenes de un tío del exvicepresidente Jorge Glas recogiendo maletas de dinero de la constructora brasileña Odebrecht en un suite un un hotel cinco estrellas de Quito. Tampoco hubo un intento por ocultar nada, tal vez porque creyeron el cuento de que iban a estar 300 años en el poder.
Las nuevas pruebas que salen a la luz con la investigación de la Fiscalía revelan el montaje de un sistema para sacar réditos a la supuesta millonaria inversión en obra pública. Una obra montada para sacar réditos económicos. Si una empresa quería una obra tenía que pagar peajes o vacunas a un grupo que se creía iluminado. Iluminado por un inagotable deseo de dinero y poder.
Es un sistema perverso que antepuso a cualquier cosa los intereses de un minúsculo grupo que se creía dechado de virtudes, que menospreciaba al otro, que censuraba, insultaba, cambiaba las biografías, perseguía para ocultar lo que tras bastidores cocinaba. Revolución le llamaban, ¿revolución de qué? Hubo una revolución en la forma de apropiarse de los dineros públicos. Hubo una revolución en la forma de usar la obra pública para aumentar el patrimonio de un grupo que ahora intentan llamarse perseguidos.
Y ahora hablan de Constituyente, porque ven ahí la única luz para tapar lo que la Fiscalía ha comenzado a destapar. ¿Constituyente al estilo chavista?
La Fiscalía ha hecho hasta ahora un trabajo al detalle. Una investigación en la que se ha involucrado la Procuraduría con una acusación particular presentada en nombre del Estado ecuatoriano por el delito de cohecho contra el expresidente Correa, su exvicepresidente Jorge Glas, su exsecretario Jurídico Alexis Mera y sus exministros María Duarte, Walter Solis, Vinicio Alvarado, y la actual asambleísta Viviana Bonilla.
La Procuraduría aduce que los acusados montaron un bien diseñado esquema de corrupción: sobornos recibidos por los funcionarios públicos acusados y administrados por ellos para beneficiar de manera directa a un selecto grupo de sus simpatizantes. ¿La Constituyente les alcanzará para dejar en la impunidad este sistema? ¿Se darán cuenta quienes intentan defender un círculo de impunidad que su discurso político se enreda en una trama de corrupción cada vez más difícil de justificar?